Traducción al español de un artículo de aqueduc.info 

10 de febrero de 2019

El electorado del Cantón de Zúrich ha rechazado, por el 54,6 % de los votos, la nueva Ley del Agua, adoptada, en julio de 2018, por el Parlamento cantonal, aunque por una escasa mayoría (84 votos contra 77). Los partidos de izquierda y los ecologistas, que lanzaron un referéndum contra esta ley, considerada «peligrosa» por contravenir, a su modo de ver, el principio intangible del agua como bien común, han conseguido el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. El Parlamento deberá ponerse de nuevo manos a la obra.

Si observamos más de cerca los resultados de esta votación cantonal (en la que ha participado el 40% del electorado), vemos que sólo un tercio de los municipios (55 de 162) ha votado a favor de la nueva ley, y que las dos grandes ciudades del cantón la han rechazado claramente en la totalidad de sus circunscripciones: Zúrich (400.000 habitantes, con el «no» del 57,2 %) y Winterthur (110.000 habitantes, con el voto negativo del 61,2 %). El rechazo más destacado ha sido el del municipio de Hochfelden (2.000 habitantes, con el «no» del 70 %) y la mayor aceptación se ha registrado en Uitikon (4.200 habitantes, con el voto afirmativo del 66 %).

La campaña que ha precedido a la votación (ver la presentación de sus retos en aqueduc.info) ha puesto claramente de manifiesto la brecha existente entre los partidos de izquierda y los de derecha, ya que, mientras los socialistas y los ecologistas hacían especial hincapié en los riesgos que entraña la privatización de los servicios públicos del agua, por cuanto la ley abría la puerta a los inversores privados, los partidos de derecha, haciendo frente común y acusando a los promotores del referéndum de dar argumentos engañosos, replicaban, por su parte, que ofrecía suficientes salvaguardias para impedir cualquier injerencia externa en las decisiones municipales.

ECCHR presenta un recurso ante el Tribunal Federal

Berlin / Zürich, 9 de enero de 2014 – El European Center for Constitutional and Human Rights junto con los abogados de Zürich, Marcel Bosonnet y Florian Wick, llevaron el caso del asesinato del sindicalista Luciano Romero al Tribunal Federal de Suiza. Representan a la viuda del sindicalista colombiano asesinado, quién había trabajado para una subsidiaria de Nestlé. En diciembre de 2013, la Corte Cantonal en el cantón de Vaud, en Suiza, denegó una denuncia contra el cierre de las investigaciones. La Corte de esta manera confirmó el razonamiento de la Fiscalía de que las investigaciones habían prescrito. Después de 15 meses de inactividad, los fiscales habían decidido no asumir las investigaciones contra los directivos de Nestlé o la propia empresa.

Haciendo esto la Corte desconoció que la prescripción con respecto a la responsabilidad de las empresas no empieza el día del delito. La propia empresa no ha realizado nada para remediar la deficiente organización que existe dentro de ésta. Por lo tanto, este llamado déficit de organización, en el que se basa la responsabilidad de Nestlé, no puede considerarse como prescrito. Además, la Corte no tiene en cuenta la posición jurídica establecida recientemente por el Consejo Federal Suizo que apoya el razonamiento de ECCHR y los abogados Bosonnet y Wick.