La RAP exige al gobierno de garantizar el suministro de agua y de prohibir los cortes de agua para los sectores sociales vulnerables

El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.

Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.

La declaración de la RAP en su sitio web

La eterna lucha contra los embalses y la agónica vida en los pueblos

Un pequeño municipio de la provincia de Huesca, entre las montañas prepirenaicas y el río Ebro, ha ganado recientemente una batalla muy importante que otros pueblos de la región aragonesa, o del resto del territorio peninsular, no han podido ganar desde hace varias décadas. El Tribunal Supremo ha decidido una sentencia histórica que, si bien es un arma de doble filo, por el momento tumba definitivamente el proyecto del pantano de Biscarrués, una infraestructura que hubiera cambiado de manera fulminante el ecosistema de la zona. Esta decisión supone un punto de inflexión, y una gran victoria de asociaciones ecologistas y los pueblos de la región, que han llevado adelante esta lucha contra el embalse desde hace años.

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Contaminación por purines de las fuentes de Osona y el Lluçanès en 2020

El Grupo de Defensa del Ter desde hace 19 años que analiza los nitratos de las fuentes de la comarca de Osona y del Lluçanès, y este año una de estas fuentes ha batido el récord histórico de nitratos. El muestreo ha sido posible gracias a 53 personas voluntarias del Grupo de Defensa del Ter han visitado 164 fuentes, 13 de las cuales no manaban. La media de nitratos ha estado de 72 mg/l, toda vez que la OMS (Organización Mundial de la Salud) fija el límite de potabilidad por nitratos en 50 mg/l. El valor medio de este año es ligeramente inferior al del año 2019, que fue de 76 mg/l, a pesar de que la diferencia no es bastante significativa para suponer que ha habido un descenso real en la contaminación. Seguimos con casi la mitad de las fuentes contaminadas, concretamente el 45%.

La “fuente del hambre” de Calldetenes con 492,2 mg/l de nitratos ha sido la más contaminada de este año, batiendo el reord histórico desde el 2002, seguida de dos fuentes ya habituales en el podio, la fuente de Gallisans, junto con la de Santa Cecília de Voltregà, con 465,8 mg/l, y, en tercera posición, la fuente del Cassanell, en Taradell, con 344,80 mg/l. El año pasado el primer premio fue para esta última fuente, que llegó a los 456,8 mg/l. Este año, pero, la fuente del hambre casi toca los 500 mg/l de nitrato, un valor 10 veces superior al que recomienda la OMS para el consumo humano. Se trata indiscutiblemente del valor más alto que hemos encontrado en 19 años de muestreo de las fuentes

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La Comisión Europea toma una decisión histórica y no modificará la Directiva que protege las aguas europeas

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.

Este mensaje fue transmitido en la reunión de Directores del agua de los Estados miembros de la pasada semana y corroborado formalmente en declaraciones a POLITICO del Comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, que considera que la DMA es una pieza fundamental de la legislación ambiental de la Unión Europea y está aquí para mantenerse en su forma actual. El anuncio se ha producido seis meses después de que la propia Comisión Europea concluyera la evaluación tras más de dos años de consultas acerca de esta Directiva y afirmara que la versión actual era adecuada para cumplir con sus objetivos.

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Agua del grifo, por favor

El agua es un bien común. Nuestra responsabilidad es asegurar que se gestiona sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.

Los usos personales y domésticos son provistos por los servicios de abastecimiento y tienen la consideración de derecho humano. Así lo reconoce explícitamente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, que exige que debe asegurarse la provisión universal sin discriminación, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad; también deben gestionarse con criterios de participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En España, la cobertura del abastecimiento a través de los servicios de agua es prácticamente universal, y son exigibles los criterios anteriores relacionados con el bien común y el derecho humano. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, se ha propiciado el negocio del agua embotellada, impulsada por importantes intereses económicos que se han articulado en un fuerte lobby. Su negocio alcanza una facturación anual superior a los mil millones de euros (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas). La importancia del consumo del agua embotellada en España es muy relevante ya que su producción en 2017 superó los 7.700 millones de litros (IGME) situándola en el cuarto país de la Unión Europea por detrás de Alemania, Italia y Francia, y el tercero en consumo, tras Italia y Alemania (Federación Europea de Aguas Envasadas).

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