Resumen de la reunión entre la RAP y el Ministerio Ministerio de Derechos Sociales



La Red Agua Pública transmite al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la necesidad urgente de garantizar el derecho humano al agua y regular el mínimo vital.

-- En el encuentro se trasladó a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 la urgencia de regular por ley el derecho humano al agua en términos de garantía del mínimo vital y de la prohibición de cortes de suministro.

-- También se urgió al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a intervenir activamente en la transposición de la Directiva europea sobre el agua de consumo humano incorporando en su contenido los criterios y principios del derecho humano al agua potable.

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El retroceso del delta del Llobregat


Traducción al español de un artículo de la Taula del Llobrega

El delta del Llobregat ha retrocedido 800 metros en un siglo. Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña revela que la anchura del río en su desembocadura era de 275 metros en 1846, mientras que actualmente es de 36 metros. 

Científicos de la Universitat Politècnica de Catalunya revelan datos sorprendentes sobre el río Llobregat y su delta, en un estudio publicado en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences. El dato más significativo es la cuantificación del retroceso del delta en poco más de 100 años. A partir de mapas históricos geolocalizados, determinaron que el delta del Llobregat en su desembocadura retrocedió 800 metros entre 1891 y 2000, antes de que la desembocadura fuera desviada para la ampliación del Puerto de Barcelona.

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La eterna lucha contra los embalses y la agónica vida en los pueblos

Un pequeño municipio de la provincia de Huesca, entre las montañas prepirenaicas y el río Ebro, ha ganado recientemente una batalla muy importante que otros pueblos de la región aragonesa, o del resto del territorio peninsular, no han podido ganar desde hace varias décadas. El Tribunal Supremo ha decidido una sentencia histórica que, si bien es un arma de doble filo, por el momento tumba definitivamente el proyecto del pantano de Biscarrués, una infraestructura que hubiera cambiado de manera fulminante el ecosistema de la zona. Esta decisión supone un punto de inflexión, y una gran victoria de asociaciones ecologistas y los pueblos de la región, que han llevado adelante esta lucha contra el embalse desde hace años.

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La RAP exige al gobierno de garantizar el suministro de agua y de prohibir los cortes de agua para los sectores sociales vulnerables

El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.

La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.

Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.

A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.

La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.

La declaración de la RAP en su sitio web

La Comisión Europea toma una decisión histórica y no modificará la Directiva que protege las aguas europeas

Esta semana la Comisión Europea ha dado la razón a la sociedad civil y ha comunicado oficialmente su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua y de dedicar sus esfuerzos a que los Estados pongan en marcha las medidas necesarias para proteger y mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos.

La Comisión Europea ha comunicado su decisión de no modificar la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y ha mandado un mensaje claro a los Estados miembros de la Unión Europea: la Directiva Marco del Agua (DMA) es una norma fundamental de la legislación comunitaria para proteger el medio ambiente y debe mantenerse fuerte y ambiciosa como hasta ahora. Un mensaje potente y crucial para los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.

Este mensaje fue transmitido en la reunión de Directores del agua de los Estados miembros de la pasada semana y corroborado formalmente en declaraciones a POLITICO del Comisario de Medioambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, que considera que la DMA es una pieza fundamental de la legislación ambiental de la Unión Europea y está aquí para mantenerse en su forma actual. El anuncio se ha producido seis meses después de que la propia Comisión Europea concluyera la evaluación tras más de dos años de consultas acerca de esta Directiva y afirmara que la versión actual era adecuada para cumplir con sus objetivos.

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