La RAP exige al gobierno de garantizar el suministro de agua y de prohibir los cortes de agua para los sectores sociales vulnerables
El 17 y el 31 de marzo de 2020, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua al conjunto de los hogares, mientras durase el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente. Estas medidas prescribirán el próximo 30 de septiembre.
La Red Agua Pública (RAP) valoró positivamente lo establecido en ambos decretos ley en relación con el suministro de agua, ya que son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.
Estas medidas contaron con un apoyo y consenso generalizado consenso social y ciudadano; sin embargo, en plena pandemia el lobby del agua privada presionó al gobierno, a través de una carta de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigida a la Ministra de Transición Ecológica, pidiéndole la suspensión de la prohibición de los cortes de agua aduciendo perjuicios comerciales que podían poner en peligro el equilibrio económico financiero de sus contratos de concesión. Esta actitud egoísta, insolidaria y mezquina fue denunciada por la RAP y desoída por el gobierno.
Desde la promulgación de estas medidas han pasado seis meses, durante los cuales el impacto del COVID-19 ha ocasionado un incremento notable de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, que ya alcanzan casi el 68%, y la situación económica y social se ha retrotraído a los peores momentos de la crisis financiera de 2008. Además, de acuerdo con el Informe Foessa de 2020, se configura una crisis habitacional que se manifiesta en que el 19,5% de las familias se han visto obligadas (o se lo plantean como opción futura) a mudarse a una vivienda más barata y un 13,2% viven con una inminente amenaza de expulsión o desahucio.
A pesar de esta crítica situación social, no es seguro que el gobierno renueve las medidas de proteger a los sectores sociales vulnerables garantizando su acceso al agua. Esto es, a todas luces inaceptable ya que supondría condenar a amplios sectores de la sociedad a una situación que pondría en peligro su propia integridad física y vital, además de constituir una conculcación flagrante del derecho humano al agua.
La RAP exige al gobierno que desoiga cualquier presión del lobby del agua privada para reanudar los cortes de suministro y que mantenga las medidas contempladas en los reales decreto de marzo con el fin último de no dejar nadie atrás.
