Remunicipalizar el agua es poner en primer plano la las necesidades de los ciudadanos

El anterior presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España y autor principal del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua, y experto europeo en gestión, Eulalio Ávila, desgrana las razones de la privatización del agua en España y detalla la fórmula para devolver el agua a la gestión pública en contra de los lobbies del sector.

-¿Por qué se privatizó el agua en España? ¿Qué impactos tiene?

-Se privatizó por varias razones, en unos casos por necesidad de financiación; en momentos en que los Ayuntamientos arrastraban déficits excesivos algunos vieron una fuente de financiación en la privatización del agua y el saneamiento que les podía procurar ingresos rápidos en forma de cánones, y ello suponía un poco de oxígeno, pero no es la forma más correcta, claro está, de acudir a la financiación.

En otros casos por la creación de una corriente de opinión, por medios e intelectuales del sector que pretendía hacer ver que la privatización era lo más acorde con la modernidad, deslumbrados por una especie de exhibicionismo tecnológico-ideológico que el sector privado promovía para, lógicamente, abrir oportunidades de negocio.

En general, en mi opinión, con las excepciones que toda regla tiene, el impacto que tuvo fue en muchos casos la falta de inversión con el deterioro de las redes de suministro y otros activos, el encarecimiento del servicio y subida de tarifas también en muchos casos y la preponderancia de una visión mercantilista de un servicio esencial para la vida y la salud, que ha de tener un enfoque social y un tratamiento como derecho humano que es, y que este aspecto quedó en un segundo plano. En otros casos se produjeron agujeros económicos por falta de control adecuado, con el consiguiente perjuicio de las arcas públicas.

El informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011 analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, y recoge por ejemplo que el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado.

-Qué significa remunicipalizar un servicio?

-Devolver a gestionar a la gestión pública lo que gestiona el sector privado: gestionar directamente el Ayuntamiento un servicio público que se venía siendo gestionado hasta ese momento mediante una empresa privada. El servicio siempre es de titularidad municipal pero cambia la forma de gestión, de indirecta a directa. Esta última se puede llevar a cabo directamente por el Ayuntamiento o entidad local, sin órgano especial de administración o mediante un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una empresa municipal de capital totalmente público.

Significa que el beneficio económico del gestor no es lo que está en el primer plano del enfoque. Sin olvidar el aspecto económico del servicio, pasa a primer plano la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo que permite aplicar parámetros sociales que garanticen el acceso al servicio a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente con más facilidad que en caso de privatización del servicio. Se posibilita además una gestión más democrática del servicio, en la que los ciudadanos pueden participar sin tener que competir con intereses privados, amparados por la ley que, lógicamente, tienden a aumentar su cuenta de resultados en lo posible.

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España: El Congreso abre el grifo a la remunicipalización del agua pese a los votos en contra de PP y Cs

Un ajustada votación, con la ausencia de varios diputados del Partido Popular, aprueba una propuesta de En Comú Podem para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua.

Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión directa del agua. Ese ha sido el principal resultado de la moción presentada por En Comú Podem (ECP) y aprobada hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto Partido Popular y Ciudadanos —que han votado en contra— y PDeCAT —que se ha abstenido—.

El apretado resultado de la votación —167 a 165— ha sido posible gracias a que varios de los diputados del PP no estaban presentes durante la votación. Además, dos diputados del PDeCAT se han abstenido.

La iniciativa, que fue defendida en el pleno por la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local, normas que dificultaban la autonomía de los municipios para poder gestionar y/o recuperar la gestión del ciclo del agua. Estos cambios propuestos por ECP apuestan por otorgar una mayor autonomía local a los ayuntamientos para que puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el consumo humano”, según explica la formación en un comunicado.

La aprobación de esta iniciativa es sin duda un duro golpe para las grandes empresas, como Aqualia o Grupo Agbar, que han acaparado los procesos de privatización del agua en cientos de municipios de todo el Estado y que, gracias a las leyes Montoro, han visto protegidos sus intereses frente a corporaciones locales que han intentado remuniciaplizar el servicio del agua en sus municipios. “Los ayuntamientos no pueden escoger la mejor opción de gestión porque las trabas legales dificultan el control directo de los consistorios y premian la gestión indirecta, por parte de multinacionales del sector”, explicó Ramos en el pleno.

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Frente al cambio climático, acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública

22 de marzo de 2018

Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil (española) coincidimos en constatar que nos encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío.

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas.

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España afronta una multa millonaria por depurar mal las aguas urbanas

25 de julio de 2018

Tras casi 30 años de incumplimientos, ninguna de las partes implicadas duda de que España será sancionada este miércoles por la mala depuración de las aguas residuales. La incógnita es cómo de abultada será la multa. La Comisión Europea pide más de 50 millones solo por el incumplimiento en 17 aglomeraciones urbanas, la mayoría en Andalucía; y 171.217,2 euros de multa más al día mientras persista el deficiente tratamiento. Bruselas asegura que en nueve de los 17 casos aún no se depura correctamente, con lo que la factura seguirá creciendo.

En los últimos 27 años ha dado tiempo para que España tenga tres presidentes socialistas y dos populares. Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinfín de avisos de Bruselas, cartas de emplazamiento e, incluso, condenas –aunque sin sanciones–, la primera multa por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria está previsto que llegue este miércoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y será millonaria, como han reconocido el Ejecutivo español y la Comisión.

España se unirá así al club de países de la Unión Europea –entre los que figuran ya Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia– sancionados por estos mismos incumplimientos.

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Siete ciudades crean una asociación de municipios para el "agua pública"

Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, las empresas públicas Barcelona Ciclo del Agua y Aguas del Prat y la entidad Ingeniería sin Fronteras han constituido hoy la Asociación Catalana de Municipios y Entidades para la Gestión Pública del Agua (AMAP).

La asamblea constituyente se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Barcelona, impulsor de esta iniciativa, y ha reunido a concejales de los siete ayuntamientos y a representantes de las empresas publicas y entidades que se han sumado a esta red pionera en Cataluña.

La AMAP se constituye como una asociación sin ánimo de lucro, para difundir y promover la gestión íntegramente pública del agua, con el objetivo principal de apoyar a los ayuntamientos que quieran encaminarse hacia una gestión pública del agua e incidir en políticas públicas relativas a la gestión pública del agua.

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