El viernes pasado se presentó en Murcia la Iniciativa Agua 2015 y su Pacto Social por el Agua Pública, surgido en el seno de movimientos sociales y de organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, científicas y operadores públicos, entre otros. El objetivo del Pacto Social por el Agua Pública es extender a toda España su denuncia del modelo de gestión privada del agua en los municipios, señalar los perjuicios que está ocasionando a los ciudadanos y hacer un llamamiento a los partidos políticos y plataformas ciudadanas para que incorporen las peticiones del pacto a sus programas electorales de cara a las próximas elecciones municipales. Con ello pretenden que se produzca “el cambio a un modelo cien por cien público de los servicios básicos de competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos”, poniendo el acento en el agua como derecho humano y bien esencial para la vida.

El Pacto Social por el Agua Pública ha tenido su primera presentación oficial del país en Murcia, como colofón a una Jornada que llevó por título “Remunicipalización: El retorno de los servicios básicos a manos públicas. Hacia un pacto por el agua pública y transparente”. El acto se celebró en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia, y entre los numerosos asistentes estuvieron los representantes de la plataforma por el agua pública de Alcázar de San Juan, y miembros de diversos movimientos sociales y partidos políticos de la Región de Murcia.

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Comunicado de prensa de EPSU

Bruselas 30 junio 2014 - la privatización de las compañías del agua en Atenas y Tesalónica ha sido congelada. Así era la noticia anunciada hoy en la asamblea general de la compañía del agua de Tesalónica (EYATH). Los representantes de los trabajadores aclamaron la declaración de que la privatización en curso de la compañía pública va en contra de una decisión tomada por el Consejo del Estado que había decretado que la privatización de la compañía del agua de Atenas, promovida por el gobierno griego y apoyada por el presidente de la eurozona y ministro de finanzas holandés, Dijsselbloem, era ilegal. Los trabajadores, su sindicato, y una amplia coalición de movimientos sociales organizaron un exitoso referéndum, el 18 mayo de este año, donde el 98% de las 218.000 personas que votaron dijo no a la privatización.

Una declaración hecha por la agencia privatizadora HRADF (también llamada Taiped) anunció que cualquier decisión futura de HRADF debería respetar la constitución griega y la voluntad popular. Suez y Mekorot (los posibles compradores) todavía no han presentado ninguna oferta. Esto demuestra la situación legal inestable y la falta de ganas de involucrarse en una lucha prolongada local con los sindicatos, movimientos sociales y políticos, todos aquellos que apoyaron el referéndum.

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Hasta hace poco la UE podía presumir de potencia ambiental. Sin entrar a valorar su comportamiento ambiental como actor en la economía global -lo que bastaría para derrumbar este argumento-, ciertamente de puertas adentro Europa se había dotado de unas normas ambientales bastante avanzadas en algunos campos. Ahí están la red Natura 2000 (la mayor red de espacios protegidos del mundo) o el Reglamento REACH de autorización de sustancias químicas, por poner un par de ejemplos. Sin embargo esta “burbuja ambiental” lleva unos años dejando de serlo y la tendencia se acentuará con la nueva Comisión de Juncker.

La nueva estructura propuesta por el luxemburgués, no parece fruto de la improvisación, sino de un plan para estrangular las políticas ambientales y climáticas. Al fusionar Medio Ambiente y Asuntos Pesqueros y Marítimos y otorgarle la cartera a un Estado tan pequeño como Malta, Juncker hace toda una declaración de intenciones. Y lo mismo ocurre al fusionar Acción Climática con Energía y otorgarle la cartera a un perfil claramente antiambiental como el de Miguel Arias Cañete. En nuestro país ya sabemos lo que pasa cuando se mezclan los temas ambientales con otros departamentos de peso como agricultura o pesca. Los primeros quedan subyugados y pasan a segunda división.

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Los bienes comunes son universales, pertenecen a todos y no deberían ser apropiados por autoridades y/o intereses privados. Las instituciones europeas, como garante de libertades fundamentales, de la paz, de la diversidad cultural y del estado de derecho, deberían asegurar el respeto y la preservación de los bienes comunes.

Por definición, los bienes comunes pertenecen a la colectividad. El agua, bien común emblemático, no debería ser privatizada ni considerada como una mercancía. Tampoco lo deberían ser la educación ni la salud: no deberían considerarse como mercancías sino como nuestro patrimonio compartido, protegido y enriquecido por las colectividades democráticas.

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