Manifiesto por los bienes comunes en la Unión Europea

Los bienes comunes son universales, pertenecen a todos y no deberían ser apropiados por autoridades y/o intereses privados. Las instituciones europeas, como garante de libertades fundamentales, de la paz, de la diversidad cultural y del estado de derecho, deberían asegurar el respeto y la preservación de los bienes comunes.

Por definición, los bienes comunes pertenecen a la colectividad. El agua, bien común emblemático, no debería ser privatizada ni considerada como una mercancía. Tampoco lo deberían ser la educación ni la salud: no deberían considerarse como mercancías sino como nuestro patrimonio compartido, protegido y enriquecido por las colectividades democráticas.

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El Gobierno español pone precio a los ríos

Los nuevos planes de cuenca, que recuperan el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, apuestan por la construcción de grandes infraestructuras para vender y mover agua

El plan que está sobre la mesa abrirá la gestión de los ríos a los mercados y los intereses privados

Los expertos alertan de que en este contexto podría materializarse un posible Trasvase del Ebro

"Empresa multinacional del sector medio ambiente busca incorporar a un/a responsable de mercado de comunidad de regantes. Su misión consistirá en impulsar y desarrollar el mercado de regadío". Se venden ríos, se vende agua y hacen falta intermediarios. Ofertas de empleo como ésta modifican el futuro curso y caudal de los ríos de la península. Los planes del Gobierno, articulados en los nuevos planes de cuenca como el del Ebro, esbozan un nuevo mapa hídrico.

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El poder judicial suizo debe investigar el caso Nestlé

ECCHR presenta un recurso ante el Tribunal Federal

Berlin / Zürich, 9 de enero de 2014 – El European Center for Constitutional and Human Rights junto con los abogados de Zürich, Marcel Bosonnet y Florian Wick, llevaron el caso del asesinato del sindicalista Luciano Romero al Tribunal Federal de Suiza. Representan a la viuda del sindicalista colombiano asesinado, quién había trabajado para una subsidiaria de Nestlé. En diciembre de 2013, la Corte Cantonal en el cantón de Vaud, en Suiza, denegó una denuncia contra el cierre de las investigaciones. La Corte de esta manera confirmó el razonamiento de la Fiscalía de que las investigaciones habían prescrito. Después de 15 meses de inactividad, los fiscales habían decidido no asumir las investigaciones contra los directivos de Nestlé o la propia empresa.

Haciendo esto la Corte desconoció que la prescripción con respecto a la responsabilidad de las empresas no empieza el día del delito. La propia empresa no ha realizado nada para remediar la deficiente organización que existe dentro de ésta. Por lo tanto, este llamado déficit de organización, en el que se basa la responsabilidad de Nestlé, no puede considerarse como prescrito. Además, la Corte no tiene en cuenta la posición jurídica establecida recientemente por el Consejo Federal Suizo que apoya el razonamiento de ECCHR y los abogados Bosonnet y Wick.

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Concesiones perjudican el interés público

Declaración del Sindicato de Trabajadores de Administración Local y Regional, Empresas Públicas, Concesionarias y afín (STAL)

Tribunal de cuentas comprueba negocio ruinoso de aguas

La Auditoría del Tribunal de Cuentas portugués confirma la verdadera situación de la gestión privada de aguas: las empresas privadas se embolsan grandes lucros, los vecinos y municipios pagan la factura.

La auditoría del Tribunal de cuentas (Tdc) sobre las colaboraciones público-privadas (PPP) en el sector de aguas (sistemas de agua en baja), publicada el día 27, parece confirmar y justificar la lucha y las sucesivas denuncias de STAL contra la privatización de los servicios públicos de aguas y saneamiento, comprobando que éste es un negocio altamente lesivo para los municipios y los ciudadanos que se ven obligados a pagar todos los costos, mientras las empresas privadas embolsan grandes beneficios.

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El agua vuelve al grifo público

El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

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