Frente al cambio climático, acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública

22 de marzo de 2018

Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil (española) coincidimos en constatar que nos encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío.

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas.

El resultado final de este enorme incremento de las demandas deriva en la creación de problemas de escasez a causa sobre todo de la mala gestión, del exceso de usos consuntivos, de la generación de expectativas y de las perspectivas de negocio a través de los mercados de aguas. Frente a esta escasez construida, se vienen aplicando fallidas estrategias de oferta, básicamente embalses y trasvases. España es el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas, más de 1.200 y el primero del mundo en número de presas por habitante y kilómetro cuadrado. Pese a ello, estas estrategias de oferta siguen sin resolver el problema. Los nuevos embalses tienen una utilidad decreciente y ocasionan importantes impactos ambientales, culturales, patrimoniales y sociales. Además, los embalses y trasvases alientan el incremento de las demandas, de forma que lejos de resolver el déficit hídrico muchas veces lo agravan.

A ello hay que añadir los progresivos insumos correspondientes a fertilizantes, plaguicidas y otro tipo de tratamientos que empobrecen la biota del suelo y contribuyen al aumento de la contaminación del agua, ya sea por escorrentía o por filtración.

Las políticas de la oferta también se utilizan para evitar resolver problemas de contaminación en acuíferos o ríos. Es habitual plantear nuevas infraestructuras ante problemas de contaminación en vez de intentar resolver esos problemas.

Las estrategias de oferta, basadas en embalses y trasvases, así como el exceso de demandas hídricas , tanto en regadío como con la expansión de los núcleos urbanos, y la contaminación difusa o puntual, están ocasionando un grave deterioro de los ecosistemas. Este deterioro se traduce especialmente en una reducción drástica de los caudales circulantes y la sobreexplotación masiva de las aguas subterráneas, responsables en gran medida del mal estado ecológico de buena parte de nuestros ríos, acuíferos, aguas de transición y humedales. A pesar de los compromisos asumidos por España para cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos vigentes reconocen que el 43 % de los ríos, humedales y estuarios siguen en mal estado, y que el 44% de los acuíferos no alcanzan el buen estado.

El anunciado Pacto Nacional por el Agua, basado en proponer por un lado nuevos regadíos, embalses y trasvases y, previsiblemente, en alentar por otro lado el mercadeo del agua y la privatización de servicios urbanos y agrarios, no resuelve los problemas señalados ni tiene en cuenta los efectos del cambio climático, así como la obligación de cumplir con la normativa europea recuperando y manteniendo el buen estado de nuestros ríos, acuíferos y resto de ecosistemas acuáticos. Además, el Pacto Nacional por el Agua se está gestando sin una participación sincera y real de la sociedad civil, con la que sólo se cuenta a título informativo y no participativo, con decisiones previamente tomadas o previsto tomar sin su concurso.

Por otra parte, como consecuencia de la crisis de las economías municipales, algunos ayuntamientos han recurrido a concesionar los servicios de agua para obtener recursos a través del llamado canon concesional, aumentando en los últimos años el porcentaje de poblaciones con gestión privada de estos servicios. Sin embargo, la experiencia está mostrando que la privatización, en un contexto de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y frecuente corrupción, conduce al incremento del precio del agua sin que esto se traduzca en una mejora del servicio ni en una inversión adecuada en la renovación de las infraestructuras, al aumento de los impactos ambientales, a la pérdida de acceso al agua por motivos socio-económicos y a la desaparición de la participación en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

A todo lo anterior se añade que el cambio climático nos impone un futuro en el que se reducirá drásticamente el agua disponible, y en el que los ciclos de sequía y las grandes tormentas, con las correspondientes inundaciones, serán cada vez más frecuentes e intensos, afectando de una forma u otra a todas las cuencas. Ante estas perspectivas, urge un gran acuerdo social basado, por un lado, en la recuperación de nuestros ríos, humedales, lagos y acuíferos, como un patrimonio ambiental público que debe estar al servicio del interés general, y por otro lado, en la defensa del agua como un bien público, que debe ser de acceso universal en lo referente a los servicios de abastecimiento y saneamiento, en tanto que se trata de un derecho humano, reconocido como tal por Naciones Unidas.

En este contexto es urgente:

Detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes. Esto permitirá planificar el uso y desarrollo de cada territorio de manera más sostenible y acorde a los recursos disponibles y sus características, eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias interterritoriales.
Detener el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, tanto en consumos urbanos expansivos como en demandas de regadío, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas. Se trata en definitiva de pasar de las estrategias de oferta a los nuevos enfoques de gestión de la demanda que promueve la UE, las únicas capaces de resolver realmente los problemas de escasez y lograr un uso sostenible del agua y adaptado al cambio climático.
Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas, al servicio del interés general, respetando un régimen de caudales ambientales adecuado y demás exigencias de la Directiva Marco del Agua, recuperando los acuíferos como nuestras principales reservas estratégicas en sequía y acabando con el desgobierno de las aguas subterráneas que supone la existencia de cientos de miles de pozos ilegales. En esta línea, y teniendo en cuenta la recesión prevista de caudales con el cambio climático, es necesaria una revisión del sistema de concesiones a la luz de los recursos realmente existentes y previstos, con el fin de garantizar las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos. Igualmente se debe garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria (nitratos, fosfatos y pesticidas), reduciendo así la necesidad de nuevas captaciones e infraestructuras de abastecimiento derivadas de problemas de calidad.
Se debe incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, mediante una adecuada regulación que garantice el nivel de prelación que le corresponde y asegurar que éste se implemente. Es necesario revertir los procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento, para recuperarlos como servicios de interés general, bajo una gestión pública transparente y participativa. Entre otras medidas, es necesario acabar con los cánones concesionales y derogar la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local", en defensa de la autonomía municipal y en favor del agua pública, así como revertir el creciente proceso de mercantilización del agua de riego, de privatización de la gestión del regadío y de acaparamiento de aguas y de tierras que quiebran cualquier perspectiva de equidad social.
Es imprescindible acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. Para ello es necesario promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos, así como una participación ciudadana efectiva en un marco de democracia deliberativa.

El archivo pdf con la lista de entitades de la sociedad civil que suscriben el Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública