El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

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El Grupo Leche Pascual pretende embotellar el agua que abastece a cuatro municipios de la sierra de Ávila. Pascual, gracias a la Ley de Minas, que sigue intacta desde la época franquista, se quiere hacer con varios manantiales públicos para explotación privada. Esta empresa ha hecho una petición a la Junta de Castilla y León para que declare el agua de la zona conocida como Las Presas, donde nace el río Corneja, afluente del Tormes, como mineral.

Si la Consejería de Sanidad da el visto bueno en los análisis de esa agua y declara que tiene propiedades minerales, la multinacional española podrá quedarse con los manantiales que abastecen directamente a San Martín de la Vega del Alberche, Navacepedilla de Corne­ja, Vi­lla­franca de la Sierra y Navaescurial, y de forma indirecta a más de diez municipios de la comarca.

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Quim Pérez, de la plataforma ciudadana Aigua és vida, denuncia las consecuencias sociales de la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat

Desde Aigua és vida están denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ahora gestionada por Acciona. ¿En qué situación se encuentra todo este proceso después de los recursos de Agbar y del organismo regulador de la Generalitat?

No hay nada parado. El proceso de privatización continúa. La ley ómnibus abrió la puerta a la privatización del agua. Se inicia un concurso con la excusa que hay un déficit. Y se presentan Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar). La Agencia Catalana del Agua ya se creó con un déficit inicial de 500 millones. Durante los gobiernos de CiU creció a 800, el tripartito lo incrementó a 1300 millones de euros, pero en su favor hay que decir que, al menos, realizaron tareas de mantenimiento en las infraestructuras de la red, cosa que no se había hecho en los años anteriores.

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Se había anunciado como una cumbre para impulsar el acceso universal al agua, pero quienes asistieron a la Cumbre del Agua de Budapest la semana pasada parecían captar a un espejismo de agua en el desierto. Las consignas y la apariencia en general eran atractivas, pero sin perspectivas de garantizar el derecho humano al agua para todos. Tras el espejismo se encuentran los mismos actores corporativos y los procesos impulsados por el mercado que siguen negando el acceso a los recursos más imprescindibles a nivel mundial para millones de personas.

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