Declaración del Sindicato de Trabajadores de Administración Local y Regional, Empresas Públicas, Concesionarias y afín (STAL)

Tribunal de cuentas comprueba negocio ruinoso de aguas

La Auditoría del Tribunal de Cuentas portugués confirma la verdadera situación de la gestión privada de aguas: las empresas privadas se embolsan grandes lucros, los vecinos y municipios pagan la factura.

La auditoría del Tribunal de cuentas (Tdc) sobre las colaboraciones público-privadas (PPP) en el sector de aguas (sistemas de agua en baja), publicada el día 27, parece confirmar y justificar la lucha y las sucesivas denuncias de STAL contra la privatización de los servicios públicos de aguas y saneamiento, comprobando que éste es un negocio altamente lesivo para los municipios y los ciudadanos que se ven obligados a pagar todos los costos, mientras las empresas privadas embolsan grandes beneficios.

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El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

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ECCHR presenta un recurso ante el Tribunal Federal

Berlin / Zürich, 9 de enero de 2014 – El European Center for Constitutional and Human Rights junto con los abogados de Zürich, Marcel Bosonnet y Florian Wick, llevaron el caso del asesinato del sindicalista Luciano Romero al Tribunal Federal de Suiza. Representan a la viuda del sindicalista colombiano asesinado, quién había trabajado para una subsidiaria de Nestlé. En diciembre de 2013, la Corte Cantonal en el cantón de Vaud, en Suiza, denegó una denuncia contra el cierre de las investigaciones. La Corte de esta manera confirmó el razonamiento de la Fiscalía de que las investigaciones habían prescrito. Después de 15 meses de inactividad, los fiscales habían decidido no asumir las investigaciones contra los directivos de Nestlé o la propia empresa.

Haciendo esto la Corte desconoció que la prescripción con respecto a la responsabilidad de las empresas no empieza el día del delito. La propia empresa no ha realizado nada para remediar la deficiente organización que existe dentro de ésta. Por lo tanto, este llamado déficit de organización, en el que se basa la responsabilidad de Nestlé, no puede considerarse como prescrito. Además, la Corte no tiene en cuenta la posición jurídica establecida recientemente por el Consejo Federal Suizo que apoya el razonamiento de ECCHR y los abogados Bosonnet y Wick.

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Quim Pérez, de la plataforma ciudadana Aigua és vida, denuncia las consecuencias sociales de la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat

Desde Aigua és vida están denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ahora gestionada por Acciona. ¿En qué situación se encuentra todo este proceso después de los recursos de Agbar y del organismo regulador de la Generalitat?

No hay nada parado. El proceso de privatización continúa. La ley ómnibus abrió la puerta a la privatización del agua. Se inicia un concurso con la excusa que hay un déficit. Y se presentan Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar). La Agencia Catalana del Agua ya se creó con un déficit inicial de 500 millones. Durante los gobiernos de CiU creció a 800, el tripartito lo incrementó a 1300 millones de euros, pero en su favor hay que decir que, al menos, realizaron tareas de mantenimiento en las infraestructuras de la red, cosa que no se había hecho en los años anteriores.

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