11 de agosto de 2016
Hace tan solo un año estábamos discutiendo aún sobre la resistencia en España contra la última ola de privatización de servicios de agua, como resultado de políticas de austeridad y deuda, aliñadas con múltiples casos de corrupción.
Pero tras las elecciones municipales y autonómicas del año pasado la tendencia se está invirtiendo. Como reacción a una larga crisis, los ataques a los servicios públicos y la corrupción en los partidos políticos tradicionales, muchos movimientos ciudadanos se organizaron para participar en las elecciones. Con mucho éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Santiago, Cádiz, Coruña y Valencia, entre otras.
Uno de los principales logros de estos movimientos ha sido introducir en el debate publico el modelo de gestión de los servicios públicos, como el agua. A finales de 2015, el 57 por ciento de la población española recibía el agua a través de un operador privado. Y una de las consecuencias más preocupantes es que alrededor de medio millón de familias recibe avisos de corte de agua cada año, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua.
Valladolid, una ciudad de 300.000 habitantes capital de la región de Castilla y León, ha dado el primer paso importante hace unas semanas. El gobierno local anunció que la ciudad recuperará el control público de la gestión del agua, veinte años después de la privatización de Aguas de Valladolid, cuando termine el contrato en Julio de 2017. Aguas de Valladolid forma parte en este momento del grupo AGBAR-Suez.