Cambio de tercio: España gira hacia la remunicipalización del agua

11 de agosto de 2016

Hace tan solo un año estábamos discutiendo aún sobre la resistencia en España contra la última ola de privatización de servicios de agua, como resultado de políticas de austeridad y deuda, aliñadas con múltiples casos de corrupción.

Pero tras las elecciones municipales y autonómicas del año pasado la tendencia se está invirtiendo. Como reacción a una larga crisis, los ataques a los servicios públicos y la corrupción en los partidos políticos tradicionales, muchos movimientos ciudadanos se organizaron para participar en las elecciones. Con mucho éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Santiago, Cádiz, Coruña y Valencia, entre otras.

Uno de los principales logros de estos movimientos ha sido introducir en el debate publico el modelo de gestión de los servicios públicos, como el agua. A finales de 2015, el 57 por ciento de la población española recibía el agua a través de un operador privado. Y una de las consecuencias más preocupantes es que alrededor de medio millón de familias recibe avisos de corte de agua cada año, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua.

Valladolid, una ciudad de 300.000 habitantes capital de la región de Castilla y León, ha dado el primer paso importante hace unas semanas. El gobierno local anunció que la ciudad recuperará el control público de la gestión del agua, veinte años después de la privatización de Aguas de Valladolid, cuando termine el contrato en Julio de 2017. Aguas de Valladolid forma parte en este momento del grupo AGBAR-Suez.

Los motivos que han llevado a Valladolid a remunicipalizar suenan bastante familiares: falta de inversión en infraestructuras, fuertes subidas en las tarifas y falta de control democrático sobre un recurso tan importante como el agua, entre otros. Son los mismos problemas que han llevado a más de 200 ciudades en todo el mundo a recuperar el control público sobre sus servicios de agua en los últimos 15 años.

Remunicipalizar un servicio público es una tarea compleja. Valladolid creará una empresa pública que subrogará a los 150 trabajadores con los que cuenta ahora Aguas de Valladolid, de forma que no se pierdan conocimientos ni puestos de trabajo. Han anunciado inversiones por valor de 178 millones de euros en los próximos 15 años para renovar las infraestructuras. E incluso con esta inversión, la previsión es que las tarifas se incrementaran tan solo un tercio respecto al periodo de gestión privada.

Esto es una gran noticia para los habitantes de Valladolid, pero también un gesto estratégico a nivel estatal. Valladolid es la mayor de las ciudades españolas que ha acometido un proceso como este, y seguramente facilitará el camino a muchas otras ciudades que han anunciado intenciones similares. A nivel europeo, simboliza el cambio de tendencia. España es uno de los países más castigados por la austeridad y la pobreza hídrica, y puede animar a los movimientos que siguen resistiendo la privatización del agua, como la ciudadanía griega.

Remunicipalizar es un paso importantísimo, pero no es suficiente. La gestión pública debe ser transparente, democrática y participativa. Tiene que garantizar el derecho humano al agua, así como inversiones para asegurar un suministro sostenible. Es fundamental diseñar un plan de manejo sostenible para proteger las condiciones ecológicas del ciclo del agua y mantener la calidad en ríos y acuíferos. Y es también importante mantener unas buenas condiciones laborales para los y las trabajadoras de la empresa de agua, que deben estar integradas en el proceso democrático de decisión.

Son muchos los desafíos, pero nadie dijo que enfrentar el dogma neoliberal iba a ser fácil. ¡Tiempos interesantes!

Traducción de un artículo del blog de Food & Water Europe