El Grupo de Defensa del Ter desde hace 19 años que analiza los nitratos de las fuentes de la comarca de Osona y del Lluçanès, y este año una de estas fuentes ha batido el récord histórico de nitratos. El muestreo ha sido posible gracias a 53 personas voluntarias del Grupo de Defensa del Ter han visitado 164 fuentes, 13 de las cuales no manaban. La media de nitratos ha estado de 72 mg/l, toda vez que la OMS (Organización Mundial de la Salud) fija el límite de potabilidad por nitratos en 50 mg/l. El valor medio de este año es ligeramente inferior al del año 2019, que fue de 76 mg/l, a pesar de que la diferencia no es bastante significativa para suponer que ha habido un descenso real en la contaminación. Seguimos con casi la mitad de las fuentes contaminadas, concretamente el 45%.

La “fuente del hambre” de Calldetenes con 492,2 mg/l de nitratos ha sido la más contaminada de este año, batiendo el reord histórico desde el 2002, seguida de dos fuentes ya habituales en el podio, la fuente de Gallisans, junto con la de Santa Cecília de Voltregà, con 465,8 mg/l, y, en tercera posición, la fuente del Cassanell, en Taradell, con 344,80 mg/l. El año pasado el primer premio fue para esta última fuente, que llegó a los 456,8 mg/l. Este año, pero, la fuente del hambre casi toca los 500 mg/l de nitrato, un valor 10 veces superior al que recomienda la OMS para el consumo humano. Se trata indiscutiblemente del valor más alto que hemos encontrado en 19 años de muestreo de las fuentes. 

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El crecimiento de Barcelona obligó a la ciudad a saltar las murallas y urbanizar el Eixample. Desde entonces, la gestión del agua en Barcelona ha sido casi siempre privada y así se fue extendiendo por la gran mayoría de poblaciones y ciudades de su Área Metropolitana. Aún así, en el año 2010, un tribunal de Barcelona sentenció que no existía ningún contrato de concesión que regulase esta gestión. Dos años después, en el 2012, el gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) creó una empresa mixta con la participación de la Sociedad General de Agua de Barcelona (grupo AGBAR) para gestionar el ciclo urbano del agua (abastecimiento y saneamiento).

En el año 2016, la empresa mixta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por diversas irregularidades: no se había justificado que la gestión mixta fuese la mejor opción, se adjudicó a dedo —es decir, sin concurso público— la parte privada de la empresa mixta y, finalmente, la valoración de los activos favorecía escandalosamente a AGBAR. La sentencia judicial del TSJC será valorada durante los próximos meses por el Tribunal Supremo, que deberá emitir una sentencia definitiva. Si a causa de esta sentencia se anula la empresa mixta, esta sería una gran oportunidad para remunicipalizar el servicio de agua en los municipios de la AMB.

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El agua es un bien común. Nuestra responsabilidad es asegurar que se gestiona sin ánimo de lucro, con criterios de solidaridad y cooperación, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad medioambiental y social.

Los usos personales y domésticos son provistos por los servicios de abastecimiento y tienen la consideración de derecho humano. Así lo reconoce explícitamente la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010, que exige que debe asegurarse la provisión universal sin discriminación, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y asequibilidad; también deben gestionarse con criterios de participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En España, la cobertura del abastecimiento a través de los servicios de agua es prácticamente universal, y son exigibles los criterios anteriores relacionados con el bien común y el derecho humano. Sin embargo, a partir de finales del siglo pasado, se ha propiciado el negocio del agua embotellada, impulsada por importantes intereses económicos que se han articulado en un fuerte lobby. Su negocio alcanza una facturación anual superior a los mil millones de euros (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas). La importancia del consumo del agua embotellada en España es muy relevante ya que su producción en 2017 superó los 7.700 millones de litros (IGME) situándola en el cuarto país de la Unión Europea por detrás de Alemania, Italia y Francia, y el tercero en consumo, tras Italia y Alemania (Federación Europea de Aguas Envasadas).

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Traducción al español de un artículo de aqueduc.info 

10 de febrero de 2019

El electorado del Cantón de Zúrich ha rechazado, por el 54,6 % de los votos, la nueva Ley del Agua, adoptada, en julio de 2018, por el Parlamento cantonal, aunque por una escasa mayoría (84 votos contra 77). Los partidos de izquierda y los ecologistas, que lanzaron un referéndum contra esta ley, considerada «peligrosa» por contravenir, a su modo de ver, el principio intangible del agua como bien común, han conseguido el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas. El Parlamento deberá ponerse de nuevo manos a la obra.

Si observamos más de cerca los resultados de esta votación cantonal (en la que ha participado el 40% del electorado), vemos que sólo un tercio de los municipios (55 de 162) ha votado a favor de la nueva ley, y que las dos grandes ciudades del cantón la han rechazado claramente en la totalidad de sus circunscripciones: Zúrich (400.000 habitantes, con el «no» del 57,2 %) y Winterthur (110.000 habitantes, con el voto negativo del 61,2 %). El rechazo más destacado ha sido el del municipio de Hochfelden (2.000 habitantes, con el «no» del 70 %) y la mayor aceptación se ha registrado en Uitikon (4.200 habitantes, con el voto afirmativo del 66 %).

La campaña que ha precedido a la votación (ver la presentación de sus retos en aqueduc.info) ha puesto claramente de manifiesto la brecha existente entre los partidos de izquierda y los de derecha, ya que, mientras los socialistas y los ecologistas hacían especial hincapié en los riesgos que entraña la privatización de los servicios públicos del agua, por cuanto la ley abría la puerta a los inversores privados, los partidos de derecha, haciendo frente común y acusando a los promotores del referéndum de dar argumentos engañosos, replicaban, por su parte, que ofrecía suficientes salvaguardias para impedir cualquier injerencia externa en las decisiones municipales.

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