RAP Madrid impulsa el Acuerdo social sobre la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid
12 de diciembre de 2018
En la Asamblea Constituyente celebrada el 10 de octubre de 2018, la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid (RAPMadrid),constituida por personas pertenecientes a movimientos sociales, partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones vecinales y de usuarios, entidades académicas, culturales y profesionales, y ciudadanía en general, ha aprobado un Acuerdo Social sobre la Gestión del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de lograr un amplio consenso social sobre el modelo de gestión del ciclo integral del agua en la región, que se presentará a organizaciones sociales y políticas, para conseguir su apoyo y hacer efectivas nuestras propuestas tras las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en 2019.
El Acuerdo tiene su origen en el que suscribieron, en enero de 2015, treinta y seis organizaciones sociales y políticas con el objetivo de paralizar el proceso de privatización del CYII, avanzar hacia un modelo de gestión pública, democrática, transparente y con rendición de cuentas, y hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento.
Durante estos años se han sentado las bases para impulsar, en la Comunidad de Madrid, el movimiento en defensa del agua pública, sustentado por las fuerzas políticas que suscribieron los compromisos del anterior Acuerdo, y que gobiernan en muchos ayuntamientos, y por las organizaciones sociales que apoyan la gestión pública de los servicios de abastecimiento y saneamiento. Este movimiento promovió los encuentros municipales celebrados en 2015 y 2016, en los que se definieron los ejes estratégicos desarrollados hasta ahora y que se han concretado en numerosas acciones, entre las cuales hay que destacar: la aprobación de mociones en decenas de ayuntamientos –que abarcan a más del 80% de la población de la región– para exigir la paralización definitiva del proceso de privatización del CYII, la reforma drástica del modelo de gestión vigente y la implementación del derecho humano al agua; el impulso de iniciativas legislativas en la Asamblea de Madrid en defensa del reconocimiento del mínimo vital de agua y contra los cortes de suministro, que culminó, principalmente, con la presentación, en 2017, por el Grupo Socialista y por Podemos, del Proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión pública transparente, democrática y participativa del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, que fue rechazado con los votos del PP y de Ciudadanos. A las acciones señaladas hay que añadir campañas como las de ProGrifo (AEOPAS) y Comunidades Azules (The Council of Canadians), que adquieren especial relevancia por poner en valor el agua pública de calidad frente al agua embotellada, a la vez que promueven la gestión pública y el derecho humano al agua, y a las que ya se han adherido los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda y Móstoles (ProGrifo).
Además de los aspectos relacionados con el agua pública, el Acuerdo Social sobre la Gestión del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad de Madrid 2018 contiene otros relativos al medio ambiente y al cambio climático, que deberemos tener en cuenta para reducir el riesgo creciente de sequías e inundaciones y para garantizar el uso sostenible del agua mediante la adecuación de la demanda a los recursos realmente disponibles, y que son incompatibles con el tipo de gestión mercantil imperante en el CYII, cuyo objetivo fundamental es obtener los máximos beneficios.
El Acuerdo incluye también el compromiso de adoptar las medidas necesarias para resolver la grave crisis que afecta al Canal de Isabel II, la paralización definitiva del proceso de privatización de la entidad, la remunicipalización de los servicios en los ayuntamientos gestionados en régimen privado y la adopción de un modelo de gestión pública del ciclo integral del agua para toda la Comunidad de Madrid, sin ánimo de lucro, democrática, transparente, con rendición de cuentas, participativa, sostenible, que respete las competencias municipales y el derecho humano al agua y al saneamiento, y reconozca los derechos de los trabajadores y unas condiciones de trabajo justas y equitativas, garantizando que los procesos de selección se rijan por criterios de igualdad, mérito y capacidad, con participación en las instancias de toma de decisiones.
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