Cultivando burbujas de agua
Algunos comentarios sobre el Blueprint y la revisión de la PAC
Marco
No obstante dos tercios de los expertos de todos los Estados Miembro (EM) que forman parte del grupo de trabajo sobre agricultura y agua, la Comisión Europea (CE), así como otras partes interesadas están todos de acuerdo que “la condicionalidad debería fortalecerse, ampliarse y implementarse mejor para garantizar efectos positivos sobre el estado ecológico y alcanzar los objetivos de la Directiva Marco de Aguas (DMA)”[1], la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) no asumió ninguna medida relevante.
La votación del Parlamento Europeo (PE) celebrada el 13 de marzo 2013 no logró hacer cumplir las políticas de aguas como condición prévia para recibir pagamentos PAC y eliminó la DMA y la Directiva por el Uso Sostenible de Pesticidas de la condicionalidad. Es indignante que la protección de las aguas ha sido reducida a una mera inclusión en el Servicio de Asesoramiento Agrícola para concienciar a los agricultores. Asimismo la CE se limitó debilmente a aconsejar la implementación estas medidas solo cuando el conjunto de políticas de la DMA estén correctamente implementadas en todos los EM[2]. Los requisitos a los agricultores han desminuido incesantemente en el proceso de negociación, hasta el momento en que el Parlamento Europeo ha llegado a un acuerdo político con los 27 EM en Julio 2013 en el cual básicamente elimina casi todas las herramientas de protección ambiental a través de la PAC.
En el anexo reflejamos las medidas concretas de la DMA relacionadas con agricultura y que hubieran podido ser obligatorias si incluidas en la condicionalidad. Como se puede observar, se trata de requisitos muy básicos y que el sentido común daría por hecho que estuvieran implementadas ya. No es así. Los agricultores pueden recibir fondos europeos y ser reconocidos como “sostenibles” aún que no tengan una concesión de agua vigente, aún que puedan contaminar con pesticidas y fertilizantes acuíferos estratégicos para el agua de boca, aún que puedan destruir los cauces y los bosques de ribera, causar erosión y secar nuestras últimas zonas húmedas.
Ahora necesitamos trabajar para evitar que los Fondos Estructurales y de Cohesión, además de los préstamos del Banco Europeo (2014-2021), – dinero aportado en nombre del “desarrollo rural” y “prácticas en contra del cambio climático y la degradación ambiental” – se gaste en medidas y estrategias que empeorarán la situación aún más. Además, algo que los movimientos ya han detectado y denunciado muchas veces, el marco político actual que permite una perversión sistemática de los objetivos y fraude vinculada a las infraestructuras hidráulicas financiadas por la UE, no se ha reformado.
Caudales ambientales
Para abordar la sobre-alocación[3] detectada en el análisis Blueprint, la CE propone desarrollar un documento guía en el marco de la Estrategia Común de Implementación de la DMA, con la finalidad de mejorar la determinación de los caudales ambientales (= la cantidad de agua necesaria para que un río pueda alcanzar el ‘buen estado’) y integrarlo en el próximo ciclo de planificación de las cuencas hidrográficas.
Los caudales ambientales se pueden considerar como un limite absoluto al uso del agua, pero no hay voluntad política para su implementación. De hecho, según la DMA los caudales ambientales deberían considerarse una “restricción previa” antes cualquier uso, de manera que no se puedan considerar como un “uso ambiental” y así entrar en el juego de competición de las asignaciones. La implementación de esta medida es un reto interesante, dado que requiere una adaptación del marco legal de gestión del agua de cada EM y una revisión de todas las concesiones hídricas según este límite ambiental.
Para implementar los caudales ambientales, los gestores tienen que “liberar” el agua de las cuencas con sobre-asignación de recursos bajo la legislación corriente. Esto puede ser muy difícil porque las concesiones están jurídicamente muy protegidas. Por ejemplo, en Cataluña se ha desarrollado una propuesta (Agencia Catalana del Agua, ACA) de como implementar caudales ambientales en un tramo del río Ter, en que existen 85 plantas hidroeléctricas en 208 Km. de río. El ACA consideró diferentes opciones de negociación, como por ejemplo: flexibilizar las concesiones de agua según el régimen natural del río, otorgar subsidios para renovar turbinas, concentrar la producción en algunos puntos estratégicos, o revocando parte de la concesión bajo indemnización. Al final, la mayor cantidad de concesionarios sólo admitieron esta última solución, que prevé una indemnización del lucro cesante para todo el plazo de la concesión (la mayoría caduca en el 2061), resultando en un coste estimado de 75 millones de euros.
Si un sistema de este tipo se propusiera en un río donde la principal causa de sobre-asignación de recursos es debido al uso agrícola, estos procedimientos serían aún más difíciles. Se han promovido grandes inversiones de dinero público para “ahorrar” agua y incrementar la eficiencia a través de tecnologías modernas de irrigación, pero estas inversiones nunca se han acompañado de una relativa reducción de las concesiones, por lo cual nunca han “liberado” agua para caudales ambientales, sino al contrario, han consolidado estas demandas. Además, los agricultores admiten que la parte más interesante de recibir subsidios para la modernización de cultivos de secano o de regados por gravedad es el incremento del valor capital de la tierra.
Por todo ello podemos concluir que la capitalización privada de estas inversiones públicas y la especulación con las concesiones son formas de mercantilización que antepasan el interés común de proteger las masas de agua. En los movimientos catalanes llamamos estos fenómenos la mercantilización del medio, que puede sumarse a las otras formas de mercantilización que ya se han descrito en otros artículos.
Medición del agua de riego
La evaluación de los Planes de Gestión de Cuenca reflejado en el informe Blueprint indica que “(...) no se ha aplicado en todos los EM y para todos los sectores de usuarios una tarifación del agua con función de incentivo y transparente, también dada la falta de sistemas de medición”. Además, en la Comunicación sobre Escasez y Sequía[4] se lee que “la medición es una precondición para la asignación y la tarifación eficaz del agua.”
Las consideraciones sobre los impactos del uso del agua, especialmente en agricultura, tienen que considerarse con una mirada más amplia que meramente en términos cuantitativos. La sobre-asignación es la razón por la sobre-explotación, así como la falta de implementación de caudales ambientales adecuados. La idea de que una mejor tarifación y asignación sean posibles principalmente a través de la medición es por lo menos restrictiva. Esta medida puede dar respuesta a la pregunta “cuanta agua se está utilizando?” pero no aborda la cuestión “como?” y “porque?” se usa. Especialmente en agricultura estas cuestiones son relevantes.
La mayoría de explotaciones agrícolas de bajo input tecnológico, como las empresas tradicionales, agro-ecológicas y de pequeña escala, utilizan una cantidad de agua por hectárea mayor respecto a las grandes fincas agro-industriales. No obstante, en la mayoría de casos, estos flujos vuelven al ciclo hidrológico local y no contienen una cantidad de contaminantes que no sea digerible por las zonas húmedas y ríos vivos. Esto significa “más” agua, pero para una agricultura sostenible y productos sanos.
Cuando un regadío “ineficiente” se transforma en un cultivo altamente tecnificado y “eficiente”, cambia la estructura económica de la finca: altos costes energéticos, de operación y mantenimiento incrementan el precio del agua. Por esto, para obtener el anhelado incremento de beneficios se tienen que adoptar economías de escala y cambiar de cultivos. Esto implica un cambio profundo, no sólo en el uso del agua, sino también en la modalidad de producción, niveles de input, condiciones de trabajo, mecanización, biodiversidad y paisaje. La mayoría de estos efectos están en contradicción con todas las políticas ambientales, así como los objetivos de soberanía alimentaria.
En España, los ahorros de agua y los beneficios ambientales esperados por efecto los sistemas de regadío eficientes nunca se han podido comprobar[5]. Por el contrario, los proyectos de riego en presión han resultado en una intensificación de las prácticas de cultivo (más cosechas por año), una extensión del área total regada (gracias a el alcance de la presión y la concentración parcelaria), resultando en un incremento del uso del agua, así como de la contaminación por pesticidas y fertilizantes.
Un sistema de medición y tarifación sensato debería basarse sobre una visión más integrada de la irrigación: puede optimizarse el riego por inundación, promover cultivos adecuados al clima y a la biodiversidad local, gestionar mejor la humedad del suelo, desarrollar sistemas locales de reciclo del agua.
El Blueprint menciona que “la presencia de una política de tarifación del agua se considera una condición previa para obtener financiación para ciertos proyectos incluidos en las propuestas de la Comisión Europea para el Desarrollo Rural y Fondos de Cohesión.” Por todo ello es relevante resumir algunas perspectivas sobre la medición del agua de cara a la alocación y tarifación:
- Evitar de considerar la eficiencia de regadío solo por unidad de superficie, cuando debería estar contabilizado por cuenca hidrográfica.
- Cuando se evalúa el uso eficiente del agua, se deben contabilizar en el balance hídrico y la evaluación de impacto ambiental los efectos del punto de derivación, lixiviación y drenaje.
- En una análisis de eficiencia se tiene que contabilizar el uso energético.
- Se deben integrar aspectos cualitativos en la contabilidad del uso del agua, de manera que se penalizan usos contaminantes, y
- Se deben tomar en cuenta aspectos sociales, ambientales y culturales vinculados a la estructura de la finca.
Políticas de desarrollo rural
Es muy importante para países que sufren de la sobre-explotación crónica de las masas de agua como España, que no se gaste dinero público Europeo en incrementar la superficie regada, ni subvencionar tecnologías de riego. De hecho, hasta la fecha esto no estaba permitido, pero la nuevas políticas PAC ponen esta demanda nuevamente en la mesa.
El PE ha votado en favor de financiar tecnologías de modernización con dinero Europeo y rechazó la obligación para los agricultores que reciban estos fondos de “entregar” a las autoridades competentes un porcentaje correspondiente al agua que se ha podido “ahorrar” gracias a la aplicación de estas tecnologías, de cara a permitir la implementación de caudales ambientales. En la situación actual, estos fondos se destinarían a promover un modelo de agricultura insostenible, que beneficia sobretodo a las empresas involucradas en la construcción de las infraestructuras, en la venta de tecnologías para la gestión del agua y la agro-industria.
Por todo ello, la propuesta de promocionar las “infraestructuras verdes”, como aceptado con amplio consenso en el Blueprint, debería incluir metodologías de bajo input tecnológico y el restauro de sistemas de riego tradicionales. Además, en literatura existe mucha información sobre el manejo del agua verde[6] y valorización de la agricultura de secano; porque estas tecnologías no se mencionan nunca como una válida opción complementaria al uso del agua azul[7]? La razón podría ser que hay mucho menos dinero para ganar: con unas inversiones de bajo coste y fácilmente manejables por los agricultores mismos, esto conllevaría mucha más autonomía de los mercados de insumos para pequeñas explotaciones y reduciría el numero de fincas dedicadas a cultivos de regadío intensivo, como requerido por la industria alimentaria.
La reutilización de aguas residuales como una opción alternativa de abastecimiento de riego
La reutilización de aguas es algo que suena muy “verde”, pero tenemos que enfocar la cuestión – otra vez – en su contexto:
I – Muchos ríos están vivos gracias a las aguas residuales.
Esto puede parecer extraño, pero en el mediterráneo los “retornos” de aguas utilizadas al medio es realmente fundamental. Antes de apoyar este tipo de iniciativa deberíamos asegurarnos que esta reutilización se haga en armonía con el ciclo del agua local y que un cierto porcentaje del agua depurada se reserve para alimentar el régimen de caudales ambientales.
II- Las aguas residuales depuradas pueden considerarse como un “nuevo recurso” para los mercados del agua.
Por ejemplo, en España estamos asistiendo a la evolución de un nuevo mercado: las empresas que depuran el agua, reclaman el derecho de venderla. Por todo ello, la reutilización puede transformarse en otra causa de sobre-explotación y mercantilización del agua.
Perspectivas futuras
No podemos aceptar esta reforma de la PAC y debemos seguir nuestra lucha para conservar nuestros entornos del vida: las masas de agua, biodiversidad, alimentación y agricultura son vitales para todas las personas. Debemos continuar a monitorear los procesos de implementación de las políticas y revindicar la participación ciudadana en la toma de decisiones relativa a como se gastará el dinero otorgado a nuestros EM para el desarrollo rural. Las recientes negociaciones sobre la reforma de la PAC han demostrado la sensibilidad que tienen los gobiernos a los lobbies agro-industriales. Hemos de defender cada parcela y cada agricultor de ser secuestrado por la agro-industria. Luchar contra la destrucción de las masas de agua es una herramienta más a nuestro alcance para este fin.
En los próximos meses, a seguimiento del Blueprint, la Comisión está preparando diferentes consultas a partes interesadas en el marco de la implementación de políticas vinculadas a la DMA y relevantes para la agricultura:
- Sobre la reutilización del agua para regadío y usos industriales, incluyendo la posibilidad de establecer reglamentaciones sobre normas comunes. En 2015, la Comisión tiene previsto entregar una propuesta.
- Empieza el proceso de revisión de la Directiva 2006/118/EC sobre la protección de las masas de agua subterráneas contra su contaminación y deterioro (anexos 1&II de dicha Directiva) y se elaborarán propuestas legislativas. La Comisión realizará la primera revisión de estos anexos en 2013.
Todos y todas sabemos que estas consultas no siempre son muy accesibles y efectivas, así que debemos trabajar intensamente para mejorar la comunicación y el soporte mutuo entre movimientos que se dedican a temas de agua y los que están más centrados en temas de agroecología para frenar el crecimiento de esta burbuja.
Annelies Broekman
XARXA per una Nova Cultura de l’Aigua, miembro del European Water Movement
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[1] Ponencia sobre “La Politica Agrícola Comun post 2013 y la protección de las aguas en Europa” por el Grupo de Expertos CIS (Estrategia Comun de Implementación) sobre la DMA & Agricultura / octubre 2010
[2] La Comunicación de la Comisión COM(2010) 672 sobre la reforma de la PAC dice que “la inclusión de la DMA en los objetivos de la condicionalidad se considerará cuando la Directiva será implementada y se habrán identificado las obligaciones concretas de los agricultores.”
[3] La asignación excesiva - también llamada sobre-alocación - se refiere a los casos en que las Autoridades han otorgado los derechos de uso del agua sin respectar el correcto régimen de explotación de una masa de agua. Esto puede generar casos, como el del río Ebro, en que el volumen de aguaque está permitido derivar es mayor del agua efectivamente circulante en el río.
[4] COM(2012)672
[5] En la Comunicación sobre Escasez y Sequía (COM(2012)672) p.5: “queda incierto si los ahorros a nivel de parcela se transladan efectivamente a un ahorro a nivel de explotación y de cuenca”. Y “la modernización [del regadío] ha conllevado la intensificación y la expansión de la superficie cultivada, más que reducir el uso del agua.” Estos aspectos se presentaron en el proceso Blueprint de evaluación de la DMA pero no han sido incluidos en la versión final del documento; ahí los beneficios de invertir en modernización de regadío se consideran un hecho, aún indicando que habrá que evitar el “efecto rebote” – omitiendo decir como.
[6] El concepto de agua verde se refiere originariamente a la humedad del suelo, introducido en las cumbres de la FAO en 1993 (FAO, 2000). Desde entonces, muchos otros han utilizado este concepto, como por ejemplo “el agua verde es el agua retenida en el suelo y disponible para las plantas. Es el recurso de agua dulce más grande pero disponible sólo en situ para las plantas.” (Droogers et al., 2006. (ISRIC Green Water Credits Report)
[7] Agua detraida para regadío desde lagos, ríos y acuíferos