Jornada "Nueva Cultura del Agua y Elogio a los Bienes Comunes"

20 de septiembre 2014 - Arenas de San Pedro - Ávila

Foco en Irlanda

A pesar de muchos años de lucha contra la instalación de contadores de agua en viviendas y en contra de las tasas sobre el consumo doméstico de agua, la campaña right2water Irlanda no ha conseguido en 2017 detenerlos de manera definitiva. Ni la instalación de contadores, ni las tasas, que han sido pospuestas para más adelante, ni tampoco se ha conseguido terminar con la empresa Irish Water. Además, el referéndum para evitar la privatización de los servicios de agua no ha sido aún convocado a pesar del apoyo unánime del parlamento irlandés. Al contrario, las tasas de agua sobre el consumo doméstico han reaparecido en 2019, los contadores de agua domésticos siguen siendo instalados y Irish Water subcontrata cada vez más actividades con el sector privado, con la consecuente degradación de las infraestructuras hidráulicas y de la calidad del agua. Es más necesaria que nunca una campaña fuerte por el derecho humano al agua y por la democracia.

Foco en Grecia

Con la llegada de la crisis económica griega las compañías públicas de agua de Atenas (EYDAP) y Tesalónica (EYATH) se encontraban entre los activos a privatizar según el acuerdo entre el gobierno griego y los acreedores.

Tras dos años y medio de lucha por parte de los movimientos de Atenas (Save Greek Water) y Tesalónica (Movimiento 136, Water Warriors, Soste to Nero), dos acontecimientos importantes forzaron al gobierno a detener la privatización. El primero fue el referéndum popular en Tesalónica el 18 de mayo de 2014, donde el 98% de los votantes rechazaron la privatización de EYATH. El segundo fue la decisión 1906/2014 del Consejo de Estado, que declaró la privatización de EYDAP como inconstitucional.

Pero el tercer memorandum vuelve a forzar la privatización de los servicios de agua. En el último plan de privatización hay una disposición para la venta del 11% de EYDAP y el 23% DE EYATH (dejando tan solo el 50% en manos del Estado). El memorándum también fuerza la inclusión de las dos empresas en su totalidad en el conocido como “superfondo”, que “no pertenece al sector público”.