No hay vida digna sin suministros garantizados
Diez grupos con representación parlamentaria apoyan las medidas ciudadanas para prohibir los cortes.
- Representantes de diez grupos políticos del Congreso suscriben las medidas propuestas y exigen a la ministra Teresa Ribera la protección de todas las familias vulnerables.
- Numerosas entidades sociales reclaman la implementación del principio de precaución, un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y la redefinición de la figura de consumidor vulnerable.
Madrid, 17 de diciembre de 2020
A las puertas del invierno y en plena pandemia, numerosas entidades sociales han impulsado un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables: principio de precaución, periodo de carencia y redefinición de consumidor vulnerable.
En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:
- La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
- La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
- La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.
En este sentido, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios.
Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.
Como respuesta, el Gobierno anunció el pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSS), con aportaciones de las compañías, que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13 % en el plazo de cinco años. A su vez, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.
A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.).
Las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son, a juicio de estas organizaciones, las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada. Es necesario que las medidas excepcionales que ahora se tomen se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas. También reclaman al Gobierno que concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad.
El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).
A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes grupos con representación parlamentaria:
Unidas Podemos
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes
Junts per Catalunya-Junts
En Comú Podem-Guanyem el Canvi
Euskal Herria Bildu
Más País-Equo
CUP-Per la ruptura
Nueva Canarias-Coalición Canaria
Bloque Nacionalista Galego
Més Compromís
El documento presentado hoy es una prueba más de que las medidas propuestas son viables y cuentan con un amplio apoyo. El Partido Socialista y la ministra Teresa Ribera no pueden seguir retrasando la protección de todas las familias españolas frente al corte. Por último, las organizaciones consideran que, tal y como se afirma en el manifiesto, no hay una vida digna si no se garantizan los derechos básicos y exigen que se ponga fin a los cortes de suministros.
Aigua és Vida
Alianza contra la Pobreza Energética
Coordinadora de vivienda de Madrid
Ecologistas en acción
Enginyeria Sense Fronteres
Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético
Red Agua Pública
