Los eurodiputados deben proteger al público de la amenaza de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE

Por una resolución sobre el TTIP que anteponga los derechos de las personas, el medio ambiente y la democracia a los beneficios privados, los regímenes especiales y los desmesurados privilegios para las grandes empresas e inversores.

Estimado Sr. Diputado/Estimada Sra. Diputada del Parlamento Europeo

A la vista de la labor que usted realiza actualmente en el Parlamento Europeo sobre una resolución relativa al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP en sus siglas en inglés), nos dirigimos a usted en nombre de una amplia coalición europea de 375 organizaciones de la sociedad civil que compartimos una gran preocupación por las amenazas que plantea este acuerdo. Representamos a una gran variedad de intereses públicos entre los que cabe señalar: la protección ambiental, la salud pública, los derechos civiles, la agricultura, los derechos de los/las consumidores/as, la protección de las normas relativas a los alimentos y la agricultura, el bienestar animal, las normas sociales y laborales, los derechos de los/las trabajadores/as, los derechos de las personas migrantes, el desempleo, las cuestiones relativas a jóvenes y mujeres, el desarrollo, el acceso público a la información y los derechos digitales, los servicios públicos esenciales y la integridad de los sistemas financieros, entre otros.

Nos complace que en el Parlamento Europeo se esté formando una opinión propia acerca del TTIP, y acogemos con satisfacción el papel que ya ha desempeñado este tema en la organización de debates públicos. Instamos a los diputados y diputadas a alcanzar un acuerdo sobre una resolución enérgico en la que se afirme claramente que el Parlamento Europeo rechazará cualquier acuerdo sobre comercio e inversión que no esté a favor del interés público y amenace los importantes derechos adquiridos a lo largo de prolongadas luchas democráticas en la Unión Europea, los Estados Unidos y el resto del mundo.

A tal efecto, desearíamos transmitirle nuestras principales peticiones con miras a las negociaciones sobre el TTIP que hemos elaborado conjuntamente con nuestras aliadas estadounidenses, y que se publicaron por primera vez en una declaración conjunta de la sociedad civil en el mes de mayo de 2014:

Transparencia inmediata: todos los documentos relacionados con las negociaciones sobre el TTIP, incluidos los borradores de textos consolidados, deben hacerse públicos, al objeto de que pueda haber un debate público abierto y crítico sobre el TTIP.
Un proceso democrático que permita examinar y evaluar los textos objeto de negociación y garantice que las políticas estén al servicio del interés publico, impliquen la participación del Parlamento Europeo, contemple la organización de debates en los parlamentos nacionales e incluya a las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los grupos sociales de interés.
No al ISDS: toda disposición que contemple Mecanismos de Resolución de Controversias Estado-Inversores (ISDS en sus siglas en ingles) debe quedar fuera de las negociaciones, y no debe introducirse ningún otro mecanismo (tampoco indirectamente a través de otros acuerdos comerciales previos o posteriores) que otorgue derechos privilegiados a los inversores extranjeros.
No al consejo de cooperación reguladora. Todas las regulaciones y normativas deben estar en manos de órganos y procesos bajo control democrático.
No a la desregulación de las normas que salvaguardan y protegen el interés publico. Las normativas de la Unión Europea deben respetarse y no “armonizarse” conforme al mínimo común denominador. Entre ellas, cabe señalar las normas sociales, laborales y las relativas a la protección de los/las consumidores/as y la salud pública; la protección del medio ambiente, incluida la regeneración de nuestros recursos naturales; el bienestar animal; la seguridad alimentaria y las practicas agrícolas ecológicas; el acceso a la información y el etiquetado; la cultura; la medicina; la reglamentación de los mercados financieros; la protección de datos, la neutralidad en las redes y otros derechos digitales. La armonización no es aceptable si va en detrimento de las normas y las salvaguardas acordadas democráticamente. Debe aplicarse de forma generalizada el principio de precaución.
No a una mayor desregulación y privatización de los servicios públicos. Exigimos el acceso garantizado a una educación de calidad, a la atención médica y a otros servicios públicos, y el derecho a elegir un procedimiento de contratación publica que promueva el empleo local y las economías locales, el emprendimiento social, la economía sostenible, las consideraciones sociales y esté al servicio del interés público.
La promoción de prácticas agrícolas humanas y ecológicas y la protección de las explotaciones agrícolas familiares.
Las autoridades públicas deben conservar el poder político y las estructuras que se requieran para proteger determinados sectores sensibles y salvaguardar las normas que son importantes para nuestra calidad de vida. Deben respetarse y aplicarse las normas laborales y ambientales acordadas internacionalmente. Es preciso poner fin a la continua infracción de las normas laborales mediante la imposición de multas.
Ninguna restricción a las normas de protección internacionales y europeas en materia de derechos humanos.

La escasa información que se ha publicado ─o filtrado─ en relación con las negociaciones sobre el TTIP, suscitan una considerable preocupación por la posibilidad de que nuestras peticiones no se reflejen en la posición que la UE está adoptando a este respecto. Por ejemplo:

Las negociaciones están teniendo lugar a puerta cerrada, sin que se haya realizado una consulta pública amplia y efectiva. La falta de transparencia y procedimientos democráticos impiden que la ciudadanía y la sociedad civil monitoricen las negociaciones y por tanto no se puede garantizar que se protejan los intereses públicos. Los grupos de presión de las empresas si tienen acceso privilegiado a la información y, por tanto, tienen oportunidades de influir en las negociaciones.
El capitulo propuesto sobre la protección de las inversiones, en particular la inclusión de un Mecanismo de Resolución de Controversias Inversor Estado (ISDS), otorgaría a las empresas extranjeras derechos legales para demandar a los Estados, cuando estas consideren que las decisiones democráticas adoptadas por las instituciones gubernamentales para favorecer el interés publico tienen efectos negativos sobre sus beneficios reales o potenciales. Dichos mecanismos se basan en sentencias dictadas por tribunales arbitrales privados y, por ende, menoscaban los sistemas jurídicos nacionales, de la Unión Europea y nuestras estructuras democráticas encargadas de formular leyes y políticas que protejan el interés publico.
La creación de estructuras y procedimientos nuevos de gobernanza antidemocrática, tales como el consejo de cooperación reguladora, que tienen por objeto “armonizar las reglamentaciones”, haría del TTIP y otros acuerdos “tratados vivos”, sujetos a modificaciones continuas en secreto por las grandes empresas y por burócratas no elegidos por la ciudadanía. Estas estructuras antidemocráticas amenazan con reducir importantes reglamentaciones destinadas a proteger los intereses públicos, o con prohibir futuras mejoras, ignorando las necesidades de la población o el mandato público.
La evidencia que se desprende de los documentos de los grupos de presión de las empresas y la industria, revela que el énfasis puesto en las barreras no arancelarias y la coherencia reguladora está sirviendo para promover la desregulación, aumentar las garantías de los inversores, reforzar los monopolios en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual y, en definitiva, acelerar la carrera hacia unas normas mínimas.

Le instamos a transmitir una señal clara y contundente a los negociadores de que el Parlamento Europeo rechazará el TTIP y cualquier otro acuerdo sobre comercio e inversión que vaya en esa dirección, porque no están al servicio del interés publico y constituyen una amenaza a los derechos y las libertades fundamentales adquiridos a lo largo de prolongadas luchas democráticas.

La lista de grupos (European Water Movement incluido) que firmó la declaración se puede encontrar en la versión PDF de la declaración.