Alcázar de San Juan sigue en lucha por el agua pública

Los vecinos de Alcazar de San Juan, han pasado encerrados en el Ayuntamiento 72 horas para exigir la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la privatización del agua.  Una propuesta que llegaba avalada por 11.000 firmas, en un municipio de 32.000 habitantes. La respuesta del Ayuntamiento al clamor ha sido rechazar la propuesta y adjudicar provisionalmente Aguas de Alcázar a Aqualia, empresa perteneciente al grupo FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) por 25 años.

A pesar de la decisión del Ayuntamiento, que se declaró a favor de la privatización gracias al voto de calidad del alcalde, que desempataba 10 votos en contra y 10 votos a favor, la población de Alcázar volvía a salir en manifestación la tarde del viernes. Más de 5.000 personas recorriendo las calles al grito de "Sí se puede", "Si tú también te duchas, únete a la lucha", "El agua no se vende, el agua se defiende" u "Ortega dimisión" terminando en la sede de Aqualia, con la lectura de un comunicado improvisado en el que se dijo que 'Lo más importante en este proceso no son las respuestas que recibimos, sino las preguntas que hacemos', aclarando que la movilización continuaría.

Según palabras de Juan Garrido, miembro de la Plataforma 'Aguas de Alcázar', esta movilización llega después de siete meses de trabajo y después de haber emprendido numerosas acciones explicativas del proceso de privatización en el municipio, entre las que se encuentra la creación de un periódico 'Agua de todos' para divulgar los contenidos que iban elaborando, ante la inacción de la prensa convencional. En el pasado más reciente, cinco viernes de manifestaciones preceden al encierro del Ayuntamiento que, según Garrido, ha demostrado 'la incapacidad' del Gobierno para gestionarlo. Así lo demuestran las cargas policiales que la población, manifestándose de forma pacífica, recibió la tarde del martes.

'Esta movilización ha servido para despertar al pueblo. Y ha sido un refuerzo para nosotros' dice Garrido, añadiendo que han recibido mucho apoyo popular y que personas jóvenes, que hasta ahora no se habían movilizado hayan salido a la calle. Será porque como dice Garrido, queriendo privatizar el agua del municipio 'han tocado una fibra sensible de la población'.

Por lo tanto, la movilización va a continuar, 'estamos estudiando nuevas acciones sociales y políticas y además seguiremos con la lucha jurídica', apunta Garrido. Ya desde la Plataforma 'Aguas de Alcázar' se pidió una suspensión cautelar del proceso de privatización, que no fue admitido a trámite. Sin embargo, aún quedan dos recursos contenciosos administrativos por resolverse. Uno interpuesto por el PSOE en relación al Pliego de Licitación y otro, interpuesto por la propia Plataforma, en relación a la numerosas irregularidades que se encuentran memoria del proyecto. Y que, según apunta Garrido, son numerosas. Ya 'la memoria fue elaborada por un técnico privado contratado por el propio Ayuntamiento, cuando hay técnicos públicos que podrían haberlo hecho'. También resulta flagrante el hecho 'de que se ponga a la venta una empresa sin haber hecho una valoración de la misma'.

En este sentido, el Ayuntamiento justifica la privatización porque eso ayudaría a saldar la supuesta deuda de 8 millones del Ayuntamiento, pero como apunta Garrido, 'Aqualia sólo pagaría 1.100.000 de esa deuda y prestaría otros 6 millones, con lo que la deuda no se zanjaría, sino que aumentaría con el consiguiente pago de intereses. Es un regalo'.

Por otro lado, la votación podría ser invalidada. El artículo 47.2 de la Ley 7/85 dice que "la concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, requieren de la mitad más uno de los concejales." Y la concesión de Aguas de Alcázar es para 25 años y excede el 20% de sus recursos. Esto ya ha sido denunciado por el PSOE. Y también está pendiente de resolverse.

¿La gestión privada es más eficiente?

Un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Granada sobre la gestión del ciclo integral del agua en Adalucía, concluye que  'contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados muestran que la empresa pública es más eficiente que la privada'.

En lo que al usuario final respecta, la primera consecuencia de la privatización del servicio de aguas es la subida de tarifas. Así lo demuestran los casos de Huelva, donde se registraron subidas del 40,7% desde 2011 ; subidas del 27% en 2013 en Barcelona; subidas de tarifas del 4% del agua y del IVA de depuración y alcantarillado en Jerez ; o en Posada de Llanera, Asturias, donde Aqualia reclama subir un 17,1% la tarifa del agua, frente al 0,3% correspondiente al IPC (Indice de Precios al Consumo) aprobado.

Estas subidas de tarifas tienen especial impacto en estos momentos en los que las economías familiares se están viendo ahogadas debido, sobre todo, a la falta de trabajo. Así, según datos aportados por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), 'se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000'. De esta forma, no solamente se despoja a la ciudadanía del control de un bien común fundamental como es el agua, sino que además las familias con menos recursos sufren la violencia del corte de suministro. Un fenómeno que desde la Red Agua Pública llamamos #PobrezaHídrica.

Aqualia

Aqualia es la empresa que se llevará la concesión de Aguas de Alcázar. Tiene el 36,7% de cuota de mercado en España y presta su servicio en más de 850 municipios, según su propia página web. Aqualia, lejos de ser más eficiente que la gestión pública, ya es conocida por las subidas abusivas en las tarifas y por sus malas prácticas medioambientales.

Así, en Sanlúcar de Barrameda Ecologistas en Acción denunció recientemente que en las proximidades de la estación depuradora "existe una gran laguna de aguas residuales" cuya formación atribuye a vertidos de Aqualia, la empresa concesionaria de los servicios del ciclo integral del agua en la ciudad.

En El Puerto de Santa María, Ecologistas en Acción denunciaba hace unos meses que aprovechando un aguacero, 'la empresa Aqualia-FCC, concesionaria de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR Las Galeras) y del mantenimiento del alcantarillado urbano, abrió las compuertas de la estación de bombeo de la Avenida de la Bajamar, junto al Club Náutico, vertiendo grandes cantidades de aguas contaminadas al río Guadalete'

Será por estas razones que en Candelaria, población canaria donde también se privatizó el servicio de aguas, se está luchando en contra del 'contrato abusivo contraído en su día con la empresa Aqualia' para 'recuperar la gestión pública del servicio'.