Roma, 9 de marzo de 2020

Es evidente que las medidas adoptadas por el gobierno para contener la epidemia del Coronavirus generan un estado de excepción y una suspensión sustancial de la democracia.

No queremos entrar en un razonamiento sobre la conveniencia o necesidad de estas medidas, sino que queremos poner de relieve una contradicción que podría tener graves repercusiones sociales y sanitarias.

En una situación en la que los ciudadanos se ven literalmente ahogados por las prohibiciones y las prescripciones, y en un contexto de esfuerzo colectivo e individual para mitigar el riesgo de contagio, no vemos ninguna disposición elemental en materia de sanidad e higiene: el acceso al agua para todas y todos.

En toda Italia, las administraciones de los servicios de agua están aplicando, con distintos matices, cortes de agua en caso de fraude u otras irregularidades como las identificadas por el tristemente famoso artículo 5 del Decreto Lupi, que niega el acceso a los servicios públicos esenciales, incluida el agua, a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda para alojarse.

Se trata de una violación de un derecho humano que resulta aún más odiosa y peligrosa para la salud pública en el contexto actual, en el que la primera medida recordada por todos es precisamente la higiene.

El 9 de octubre de 2017, el Ayuntamiento de Turín revirtió la orientación política de las administraciones anteriores y llevó a cabo el primer paso hacia la remunicipalización del agua de Turín Metrópolis^[1]. La ciudad ha alcanzado una nueva etapa en su larga marcha hacia la recuperación de la soberanía sobre el servicio de agua de Turín, reconstruido en la posguerra en las ruinas de una ciudad parcialmente destruida por los bombardeos de los Aliados y la represalia del ocupante nazi contra la resistencia democrática popular.

Después de 6 años el Consejo Municipal de Turín acata la voluntad popular del referéndum contra la privatización de 2011.

El pasado lunes 9 de octubre de 2017, con voto del grupo 5Stelle, "Torino in Comune" (Turín en común) y "Direzione Italia" (Dirección Italia), se aprobó la transformación de la sociedad hidráulica SMAT S.p.A (sociedad de derecho mercantil) en Azienda Speciale (sociedad publica de derecho público).

Después de Nápoles, Turín es la segunda gran ciudad de Italia que remunicipaliza. Desde hoy empieza el cronograma y el compromiso que irá integrando poco a pocó las 40 municipalidades del área metropolitana de la ciudad. Este proceso finalizará formalmente en abril 2018.

El pasado mes de enero se realizó, por fin, la transformación legal de ARIN spa^[1] en empresa especial pública^[2], bajo el nombre de ABC Napoli^[3].

Tras 10 años de luchas provocadas por una resolución del 23 de noviembre de 2004, que autorizaba al sector privado a gestionar el SII (Servicio Hidrológico Integrado) del distrito territorial ATO2 situado en el sur de Italia (ATO2 incluye 136 municipios dependientes de las provincias de Nápoles y de Caserta, en la Campania), el Comité napolitano, el Comité de Caserta, los comités por el agua pública, así como un vasto movimiento de ciudadanos han conseguido, en primer lugar, imponer la derogación de la resolución. A continuación, los comités han pedido al consejo municipal de Nápoles transformar la spa en empresa especial pública, a fin de eliminar la búsqueda de beneficios y de excluir cualquier posibilidad de venta de acciones de ARIN spa a privados. Tras la victoria en el referéndum, lo que no habían conseguido realizar el consejo municipal del alcalde Iervolino y del consejero de presupuestos Realfonzo, ha sido posible y, bajo el consejo municipal actual (alcalde De Magistris y consejero Lucarelli), la transformación se ha llevado a cabo. Nápoles es la primera ciudad italiana que ha remunicipalizado su servicio de aguas.

Gran victoria de los movimientos, la Corte Constitucional bloquea la privatización del agua y de los servicios públicos locales.

Hoy, 20 de julio, la Corte Constitucional ha devuelto la palabra a los ciudadanos italianos y a la democracia en nuestro país.

Lo ha hecho declarando inconstitucional y, por consecuencia, inadmisible, el artículo 4 del decreto ley 138 del 13 de agosto de 2011, por el cual, el gobierno de Berlusconi había pisoteado el resultado del referéndum y reintroducido la privatización de los servicios públicos locales. Esta decisión bloquea también todas las enmiendas sucesivas, de modo particular, las del gobierno de Monti.