¿Un plan para estrangular el medio ambiente en Europa?

Hasta hace poco la UE podía presumir de potencia ambiental. Sin entrar a valorar su comportamiento ambiental como actor en la economía global -lo que bastaría para derrumbar este argumento-, ciertamente de puertas adentro Europa se había dotado de unas normas ambientales bastante avanzadas en algunos campos. Ahí están la red Natura 2000 (la mayor red de espacios protegidos del mundo) o el Reglamento REACH de autorización de sustancias químicas, por poner un par de ejemplos. Sin embargo esta “burbuja ambiental” lleva unos años dejando de serlo y la tendencia se acentuará con la nueva Comisión de Juncker.

La nueva estructura propuesta por el luxemburgués, no parece fruto de la improvisación, sino de un plan para estrangular las políticas ambientales y climáticas. Al fusionar Medio Ambiente y Asuntos Pesqueros y Marítimos y otorgarle la cartera a un Estado tan pequeño como Malta, Juncker hace toda una declaración de intenciones. Y lo mismo ocurre al fusionar Acción Climática con Energía y otorgarle la cartera a un perfil claramente antiambiental como el de Miguel Arias Cañete. En nuestro país ya sabemos lo que pasa cuando se mezclan los temas ambientales con otros departamentos de peso como agricultura o pesca. Los primeros quedan subyugados y pasan a segunda división.

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Presidente de la eurozona y ministro de finanzas holandés Dijsselbloem sufre una derrota demoledora en su saga griega

Comunicado de prensa de EPSU

Bruselas 30 junio 2014 - la privatización de las compañías del agua en Atenas y Tesalónica ha sido congelada. Así era la noticia anunciada hoy en la asamblea general de la compañía del agua de Tesalónica (EYATH). Los representantes de los trabajadores aclamaron la declaración de que la privatización en curso de la compañía pública va en contra de una decisión tomada por el Consejo del Estado que había decretado que la privatización de la compañía del agua de Atenas, promovida por el gobierno griego y apoyada por el presidente de la eurozona y ministro de finanzas holandés, Dijsselbloem, era ilegal. Los trabajadores, su sindicato, y una amplia coalición de movimientos sociales organizaron un exitoso referéndum, el 18 mayo de este año, donde el 98% de las 218.000 personas que votaron dijo no a la privatización.

Una declaración hecha por la agencia privatizadora HRADF (también llamada Taiped) anunció que cualquier decisión futura de HRADF debería respetar la constitución griega y la voluntad popular. Suez y Mekorot (los posibles compradores) todavía no han presentado ninguna oferta. Esto demuestra la situación legal inestable y la falta de ganas de involucrarse en una lucha prolongada local con los sindicatos, movimientos sociales y políticos, todos aquellos que apoyaron el referéndum.

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Manifiesto por los bienes comunes en la Unión Europea

Los bienes comunes son universales, pertenecen a todos y no deberían ser apropiados por autoridades y/o intereses privados. Las instituciones europeas, como garante de libertades fundamentales, de la paz, de la diversidad cultural y del estado de derecho, deberían asegurar el respeto y la preservación de los bienes comunes.

Por definición, los bienes comunes pertenecen a la colectividad. El agua, bien común emblemático, no debería ser privatizada ni considerada como una mercancía. Tampoco lo deberían ser la educación ni la salud: no deberían considerarse como mercancías sino como nuestro patrimonio compartido, protegido y enriquecido por las colectividades democráticas.

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Concesiones perjudican el interés público

Declaración del Sindicato de Trabajadores de Administración Local y Regional, Empresas Públicas, Concesionarias y afín (STAL)

Tribunal de cuentas comprueba negocio ruinoso de aguas

La Auditoría del Tribunal de Cuentas portugués confirma la verdadera situación de la gestión privada de aguas: las empresas privadas se embolsan grandes lucros, los vecinos y municipios pagan la factura.

La auditoría del Tribunal de cuentas (Tdc) sobre las colaboraciones público-privadas (PPP) en el sector de aguas (sistemas de agua en baja), publicada el día 27, parece confirmar y justificar la lucha y las sucesivas denuncias de STAL contra la privatización de los servicios públicos de aguas y saneamiento, comprobando que éste es un negocio altamente lesivo para los municipios y los ciudadanos que se ven obligados a pagar todos los costos, mientras las empresas privadas embolsan grandes beneficios.

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El Gobierno español pone precio a los ríos

Los nuevos planes de cuenca, que recuperan el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, apuestan por la construcción de grandes infraestructuras para vender y mover agua

El plan que está sobre la mesa abrirá la gestión de los ríos a los mercados y los intereses privados

Los expertos alertan de que en este contexto podría materializarse un posible Trasvase del Ebro

"Empresa multinacional del sector medio ambiente busca incorporar a un/a responsable de mercado de comunidad de regantes. Su misión consistirá en impulsar y desarrollar el mercado de regadío". Se venden ríos, se vende agua y hacen falta intermediarios. Ofertas de empleo como ésta modifican el futuro curso y caudal de los ríos de la península. Los planes del Gobierno, articulados en los nuevos planes de cuenca como el del Ebro, esbozan un nuevo mapa hídrico.

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El poder judicial suizo debe investigar el caso Nestlé

ECCHR presenta un recurso ante el Tribunal Federal

Berlin / Zürich, 9 de enero de 2014 – El European Center for Constitutional and Human Rights junto con los abogados de Zürich, Marcel Bosonnet y Florian Wick, llevaron el caso del asesinato del sindicalista Luciano Romero al Tribunal Federal de Suiza. Representan a la viuda del sindicalista colombiano asesinado, quién había trabajado para una subsidiaria de Nestlé. En diciembre de 2013, la Corte Cantonal en el cantón de Vaud, en Suiza, denegó una denuncia contra el cierre de las investigaciones. La Corte de esta manera confirmó el razonamiento de la Fiscalía de que las investigaciones habían prescrito. Después de 15 meses de inactividad, los fiscales habían decidido no asumir las investigaciones contra los directivos de Nestlé o la propia empresa.

Haciendo esto la Corte desconoció que la prescripción con respecto a la responsabilidad de las empresas no empieza el día del delito. La propia empresa no ha realizado nada para remediar la deficiente organización que existe dentro de ésta. Por lo tanto, este llamado déficit de organización, en el que se basa la responsabilidad de Nestlé, no puede considerarse como prescrito. Además, la Corte no tiene en cuenta la posición jurídica establecida recientemente por el Consejo Federal Suizo que apoya el razonamiento de ECCHR y los abogados Bosonnet y Wick.

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