La Red Agua Pública (RAP) denuncia que las propuestas presentadas por el Partido Socialista y Unidas Podemos para la configuración de un programa de gobierno no recogen sus reivindicaciones fundamentales sobre el ciclo integral urbano del agua.

La Red Agua Pública, a pesar de no haber sido consultada durante la redacción de ambos documentos, sí que ha hecho llegar a ambas formaciones políticas sus reivindicaciones.

Con motivo de las negociaciones para acordar un eventual programa de gobierno, tanto Unidas Podemos (UP) como el Partido Socialista (PSOE) han hecho públicos recientemente sendos documentos en los que se sintetizan sus respectivos planteamientos programáticos generales. Unidas Podemos lo hizo a finales de agosto con sus Propuestas para retomar el diálogo por un acuerdo integral de gobierno de coalición, mientras que el PSOE presentó a principios de septiembre su Propuesta abierta para un programa común progresista. La Red Agua Pública (RAP) expresa su preocupación por no haber sido consultada durante la redacción de ambos documentos y, especialmente, porque en los documentos aludidos no se recogen sus reivindicaciones sobre el ciclo integral urbano del agua, a pesar de que, en su momento hizo llegar tanto al PSOE como a UP, así como a otros partidos del arco parlamentario, sus reivindicaciones al respecto.

El anterior presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de España y autor principal del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua, y experto europeo en gestión, Eulalio Ávila, desgrana las razones de la privatización del agua en España y detalla la fórmula para devolver el agua a la gestión pública en contra de los lobbies del sector.

-¿Por qué se privatizó el agua en España? ¿Qué impactos tiene?

-Se privatizó por varias razones, en unos casos por necesidad de financiación; en momentos en que los Ayuntamientos arrastraban déficits excesivos algunos vieron una fuente de financiación en la privatización del agua y el saneamiento que les podía procurar ingresos rápidos en forma de cánones, y ello suponía un poco de oxígeno, pero no es la forma más correcta, claro está, de acudir a la financiación.

En otros casos por la creación de una corriente de opinión, por medios e intelectuales del sector que pretendía hacer ver que la privatización era lo más acorde con la modernidad, deslumbrados por una especie de exhibicionismo tecnológico-ideológico que el sector privado promovía para, lógicamente, abrir oportunidades de negocio.

En general, en mi opinión, con las excepciones que toda regla tiene, el impacto que tuvo fue en muchos casos la falta de inversión con el deterioro de las redes de suministro y otros activos, el encarecimiento del servicio y subida de tarifas también en muchos casos y la preponderancia de una visión mercantilista de un servicio esencial para la vida y la salud, que ha de tener un enfoque social y un tratamiento como derecho humano que es, y que este aspecto quedó en un segundo plano. En otros casos se produjeron agujeros económicos por falta de control adecuado, con el consiguiente perjuicio de las arcas públicas.

El informe del Tribunal de Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio de 2011 analiza la prestación de servicios de ayuntamientos españoles de menos de 20.000 habitantes, y recoge por ejemplo que el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83 euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está privatizado.

-Qué significa remunicipalizar un servicio?

-Devolver a gestionar a la gestión pública lo que gestiona el sector privado: gestionar directamente el Ayuntamiento un servicio público que se venía siendo gestionado hasta ese momento mediante una empresa privada. El servicio siempre es de titularidad municipal pero cambia la forma de gestión, de indirecta a directa. Esta última se puede llevar a cabo directamente por el Ayuntamiento o entidad local, sin órgano especial de administración o mediante un organismo autónomo, una entidad pública empresarial o una empresa municipal de capital totalmente público.

Significa que el beneficio económico del gestor no es lo que está en el primer plano del enfoque. Sin olvidar el aspecto económico del servicio, pasa a primer plano la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, lo que permite aplicar parámetros sociales que garanticen el acceso al servicio a los colectivos más desfavorecidos social y económicamente con más facilidad que en caso de privatización del servicio. Se posibilita además una gestión más democrática del servicio, en la que los ciudadanos pueden participar sin tener que competir con intereses privados, amparados por la ley que, lógicamente, tienden a aumentar su cuenta de resultados en lo posible.

Leer más en la página web del Correo de Andalucía

La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, ha entregado a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 28 de abril, un conjunto de propuestas relacionadas con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso.

Las propuestas de la RAP, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes.

El crecimiento de Barcelona obligó a la ciudad a saltar las murallas y urbanizar el Eixample. Desde entonces, la gestión del agua en Barcelona ha sido casi siempre privada y así se fue extendiendo por la gran mayoría de poblaciones y ciudades de su Área Metropolitana. Aún así, en el año 2010, un tribunal de Barcelona sentenció que no existía ningún contrato de concesión que regulase esta gestión. Dos años después, en el 2012, el gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) creó una empresa mixta con la participación de la Sociedad General de Agua de Barcelona (grupo AGBAR) para gestionar el ciclo urbano del agua (abastecimiento y saneamiento).

En el año 2016, la empresa mixta fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por diversas irregularidades: no se había justificado que la gestión mixta fuese la mejor opción, se adjudicó a dedo —es decir, sin concurso público— la parte privada de la empresa mixta y, finalmente, la valoración de los activos favorecía escandalosamente a AGBAR. La sentencia judicial del TSJC será valorada durante los próximos meses por el Tribunal Supremo, que deberá emitir una sentencia definitiva. Si a causa de esta sentencia se anula la empresa mixta, esta sería una gran oportunidad para remunicipalizar el servicio de agua en los municipios de la AMB.

denuncia el obstruccionismo de la anterior empresa concesionaria y la desinformación de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura

El 1 de enero de 2019, la Mancomunidad de Los Molinos remunicipalizó el servicio de abastecimiento del agua en alta de la mano del Consorcio de Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio) después de que el 31 de diciembre expirase el contrato con la empresa Aqualia, que estuvo vigente desde hace 25 años. De esta forma el sistema de abastecimiento que suministra agua potable a 60.000 habitantes de doce localidades pacenses, volvió a la gestión pública directa.

12 de diciembre de 2018 

En la Asamblea Constituyente celebrada el 10 de octubre de 2018, la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública de la Comunidad de Madrid (RAPMadrid),constituida por personas pertenecientes a movimientos sociales, partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones vecinales y de usuarios, entidades académicas, culturales y profesionales, y ciudadanía en general, ha aprobado un Acuerdo Social sobre la Gestión del Ciclo Integral del Agua en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de lograr un amplio consenso social sobre el modelo de gestión del ciclo integral del agua en la región, que se presentará a organizaciones sociales y políticas, para conseguir su apoyo y hacer efectivas nuestras propuestas tras las próximas elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en 2019.

El Acuerdo tiene su origen en el que suscribieron, en enero de 2015, treinta y seis organizaciones sociales y políticas con el objetivo de paralizar el proceso de privatización del CYII, avanzar hacia un modelo de gestión pública, democrática, transparente y con rendición de cuentas, y hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento.

Comunicado de la Taula de l’Aigua de Terrassa en relación a la puesta en marcha de la empresa “TAIGUA-EPEL”, encargada de la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua potable a los ciudadanos y ciudadanas de Terrassa. El día 10 de Diciembre de 2.018 es un momento histórico para la ciudad y una fecha para recordar.

Con el esfuerzo y participación de todas, el futuro del agua pública empieza hoy.

El proceso de remunicipalización del agua ha sido el resultado de un largo e intenso proceso que ha tenido como motor principal la propia ciudadanía. Poniendo una primera piedra con los firmantes del “Pacto por la gestión pública del agua en Terrassa”, con la complicidad de 8.000 firmas ciudadanas, mediante el trabajo a través de las entidades y colectivos ciudadanos reunidos en el entorno del Consell d’Entitats de Acción Ciudadana y del Parlamento Ciudadano de Terrassa. Como Taula de l’Aigua de Terrassa, no podemos empezar este comunicado sino dando las gracias a ese conjunto de entidades y de manera muy particular a la FAVT y las Associacions de Veïns, al Observatori Ciutadà Municipal, a la PAH-APE y al Espai Drets, también a la XES y a grupos com los Iaioflautes y Casal de la Dona, i con la complicidad de Dones d’Aigua. I también muy especial a toda la red de Aigua és Vida i al European Water Movement, actores esenciales.

Un ajustada votación, con la ausencia de varios diputados del Partido Popular, aprueba una propuesta de En Comú Podem para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua.

Los ayuntamientos podrán recuperar la gestión directa del agua. Ese ha sido el principal resultado de la moción presentada por En Comú Podem (ECP) y aprobada hoy con los votos a favor de todos los grupos, excepto Partido Popular y Ciudadanos —que han votado en contra— y PDeCAT —que se ha abstenido—.

El apretado resultado de la votación —167 a 165— ha sido posible gracias a que varios de los diputados del PP no estaban presentes durante la votación. Además, dos diputados del PDeCAT se han abstenido.

La iniciativa, que fue defendida en el pleno por la diputada de En Comú Podem Alicia Ramos, insta al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización Local, normas que dificultaban la autonomía de los municipios para poder gestionar y/o recuperar la gestión del ciclo del agua. Estos cambios propuestos por ECP apuestan por otorgar una mayor autonomía local a los ayuntamientos para que puedan gestionar de manera conjunta “todo el ciclo del agua, pero priorizando el consumo humano”, según explica la formación en un comunicado.

La aprobación de esta iniciativa es sin duda un duro golpe para las grandes empresas, como Aqualia o Grupo Agbar, que han acaparado los procesos de privatización del agua en cientos de municipios de todo el Estado y que, gracias a las leyes Montoro, han visto protegidos sus intereses frente a corporaciones locales que han intentado remuniciaplizar el servicio del agua en sus municipios. “Los ayuntamientos no pueden escoger la mejor opción de gestión porque las trabas legales dificultan el control directo de los consistorios y premian la gestión indirecta, por parte de multinacionales del sector”, explicó Ramos en el pleno.

Leer más en la página web de El Salto

19 de julio de 2018

Reglament de l'Observatori de l'aigua

Ayuntamiento de Terrassa

Área de Territorio y Sostenibilidad
Servicio de Medio Ambiente

PREAMBULO

De acuerdo con los objetivos del servicio público de abastecimiento de agua de Terrassa, incorporados en la Memoria justificativa para la determinación de la forma de gestión para su prestación, aprobada el 22 de marzo de 2018 por el Pleno municipal y con la voluntad política de mejorar la gobernanza de la ciudad profundizando en la participación, la colaboración y la concertación con la ciudadanía y los agentes sociales, y con la iniciativa ciudadana que ha impulsado el proceso de cambio de la forma de gestión del servicio, el presente Reglamento define y regula un nuevo espacio de participación con el objetivo de contribuir a iniciar una nueva etapa y definir una nueva cultura de la participación ciudadana en la gestión de los bienes comunes de la ciudad.

Este nuevo espacio toma el nombre de Observatorio del Agua de Terrassa y se concibe como un órgano participativo que tendrá un funcionamiento autónomo, con su propio plan de trabajo y los recursos suficientes para poder desarrollar sus funciones y alcanzar sus objetivos, en cumplimiento de los criterios de calidad democrática que tiene establecidos el Ayuntamiento de Terrassa.

25 de julio de 2018

Tras casi 30 años de incumplimientos, ninguna de las partes implicadas duda de que España será sancionada este miércoles por la mala depuración de las aguas residuales. La incógnita es cómo de abultada será la multa. La Comisión Europea pide más de 50 millones solo por el incumplimiento en 17 aglomeraciones urbanas, la mayoría en Andalucía; y 171.217,2 euros de multa más al día mientras persista el deficiente tratamiento. Bruselas asegura que en nueve de los 17 casos aún no se depura correctamente, con lo que la factura seguirá creciendo.

En los últimos 27 años ha dado tiempo para que España tenga tres presidentes socialistas y dos populares. Pero ninguno de estos Ejecutivos del PP y del PSOE ha cumplido completamente con la directiva sobre el correcto tratamiento de las aguas residuales urbanas. La norma data de mayo de 1991. Y, tras un sinfín de avisos de Bruselas, cartas de emplazamiento e, incluso, condenas –aunque sin sanciones–, la primera multa por los incumplimientos sostenidos de la normativa comunitaria está previsto que llegue este miércoles desde el Tribunal de Justicia de la UE. Y será millonaria, como han reconocido el Ejecutivo español y la Comisión.

España se unirá así al club de países de la Unión Europea –entre los que figuran ya Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia– sancionados por estos mismos incumplimientos.

Leer más en el sitio web de El País

22 de marzo de 2018

Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil (española) coincidimos en constatar que nos encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío.

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas.

La compañía denuncia a tres activistas por una acción del pasado mes de febrero, intentando frenar así la lucha por el derecho a los suministros básicos.

Barcelona, 7 de mayo de 2018

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) hemos trabajado desde nuestro nacimiento para detener los cortes de suministro en Cataluña y hemos confrontado las grandes multinacionales de agua, luz y gas para exigir la protección de derechos tan esenciales como el acceso al agua y la energía. Hemos conseguido conjuntamente con la PAH y el Observatorio DESC, así como con el apoyo de muchas otras entidades y colectivos, impulsar una ley que ha parado más de 40.000 cortes de suministro en Cataluña y hemos situado a las empresas suministradoras en el centro del problema, señalando a estas compañías, con beneficios multimillonarios, como responsables de una lacra que afecta a más del 10% de la población en Cataluña.

A día de hoy, Aguas de Barcelona (Grupo Agbar-Suez) ha decidido llevar a juicio a tres compañeras de la APE por una acción de denuncia que tuvo lugar en sus oficinas comerciales de Barcelona el pasado 27 de febrero. Con esta acción, Agbar demuestra ir en contra de quienes defienden los derechos de la ciudadanía y elige la vía de la represión contra la sociedad civil organizada.

Comparten la voluntad de construir un movimiento ciudadano amplio que abarque toda la cuenca y donde confluyan la necesidad de un río Llobregat vivo con el movimiento social por el agua como bien común.

Terrassa, abril de 2018

En un encuentro celebrado en Terrassa este mes de abril nos hemos reunido diversos actores relacionados con el río Llobregat convocados por la Taula de l’Aigua de Terrassa y por ProuSal! con la intención de promover una mesa de cuenca, comunicándonos como hace el agua, desde la cabecera hasta la desembocadura.

A este primer encuentro asistieron concejales de Cornellà, Abrera, Olesa y Rubí, junto a las entidades Aigua es Vida, Martorell Viu, la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua (XNCA), Ecologistes en Acció de Catalunya (EEAC), el Grup de Defensa del Ter (GDT), el Moviment Ecologista Sant Feliu (MES), el grup Alternativa d’Unitat Popular (AUP) de Rubí y La Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera. También han asistido por parte de la Universidad la Cátedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC (CUS), representantes del Institut de Ciència y Tecnologia Ambientals (ICTA), además de dos técnicas del Ayuntamiento de Terrassa.

Mira el video de los diferentes movimientos europeos y americanos dando soporte a la campaña por la remunicipalización del agua en Barcelona:

-- FFOSE (Uruguay)
-- Blue Planet Project (Canada)
-- TransNational Institute (Amsterdam, Holanda)
-- Eau Secours 34 (Montpellier, Francia)
-- Berliner Wassertisch (Berlin, Alemania)
-- Acqua Bene Comune (Napoles, Italia)
-- SOSTE To Nero (Thessaloniki, Grecia)

Barcelona, Badalona, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet y Terrassa, las empresas públicas Barcelona Ciclo del Agua y Aguas del Prat y la entidad Ingeniería sin Fronteras han constituido hoy la Asociación Catalana de Municipios y Entidades para la Gestión Pública del Agua (AMAP).

La asamblea constituyente se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Barcelona, impulsor de esta iniciativa, y ha reunido a concejales de los siete ayuntamientos y a representantes de las empresas publicas y entidades que se han sumado a esta red pionera en Cataluña.

La AMAP se constituye como una asociación sin ánimo de lucro, para difundir y promover la gestión íntegramente pública del agua, con el objetivo principal de apoyar a los ayuntamientos que quieran encaminarse hacia una gestión pública del agua e incidir en políticas públicas relativas a la gestión pública del agua.

Leer más en el sitio web de La Vanguardia

En el contexto social y político catalán surgido tras el estallido de la crisis de finales de 2008, el debate sobre la gestión del agua ha ido tomando relevancia pública hasta el punto de ser parte central en los programas políticos que las nuevas candidaturas electorales surgidas después del movimiento conocido como 15M prepararon para las elecciones municipales de 2015. Este proceso ha ido en paralelo con los cambios sociales acontecidos después del 15 de mayo de 2011, hecho que se constata en distintos aspectos. Algunas de las características que marcan este periodo son los cambios en el discurso, el cambio de algunos de sus protagonistas, el trato de la gestión del agua; así como la sustitución progresiva de una estrategia centrada en la no privatización, hacia el reclamo del aumento de la capacidad de decidir de la ciudadanía en la gestión del agua en el ámbito municipal. Pasando de una lucha a escala estatal y/o autonómica a una a escala local. En este artículo se enumeran aquellos aspectos que dan pie a la pregunta: ¿Qué concepción del común articula el nuevo escenario de lucha por el agua municipal y qué formas empíricas adquiere?

Artículo de Edurne Bagué en la Revista de Antropología Social

Los alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y operadores públicos presentes en las Jornadas sobre el Derecho Humano al Agua, celebradas en Cádiz los días 11 y 12 de noviembre de 2017, manifestamos nuestro compromiso con una gestión pública, transparente, participativa y sostenible del ciclo integral del agua y nos comprometemos a velar por la difusión y aplicación de los siguientes principios:

Taller sobre "La participación ciudadana en la gestión de los servicios de agua en Europa"
European Summer University of social movements
Toulouse, 25 de agosto de 2017

España es el país de la UE donde la remunicipalización de los servicios de agua y saneamiento es la más dinámica en estos momentos. Esta remunicipalización a menudo se acompaña de la introducción de mecanismos de participación ciudadana bastante innovadores. Juan Martínez Mangaña de la Taula de Aigua de Terrassa presenta la situación en Terrassa, una ciudad de 200.000 habitantes al norte de Barcelona.

Diaporama

El European Water Movement pidió a las asociaciones y colectivos, que actuaron por el retorno a la gestión pública de su servicio local de agua, que describieran los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de este servicio (mecanismos  establecidos, en ejecución o deseados), y analizar sus fortalezas y debilidades. La Taula de l'aigua de Terrassa presenta el caso de Terrassa en un artículo titulado

Remunicipalización del agua en Terrassa
Propuestas para la reversión de los servicios y para una gestión directa, con participación ciudadana y transparencia

11 de agosto de 2016

Hace tan solo un año estábamos discutiendo aún sobre la resistencia en España contra la última ola de privatización de servicios de agua, como resultado de políticas de austeridad y deuda, aliñadas con múltiples casos de corrupción.

Pero tras las elecciones municipales y autonómicas del año pasado la tendencia se está invirtiendo. Como reacción a una larga crisis, los ataques a los servicios públicos y la corrupción en los partidos políticos tradicionales, muchos movimientos ciudadanos se organizaron para participar en las elecciones. Con mucho éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Santiago, Cádiz, Coruña y Valencia, entre otras.

Uno de los principales logros de estos movimientos ha sido introducir en el debate publico el modelo de gestión de los servicios públicos, como el agua. A finales de 2015, el 57 por ciento de la población española recibía el agua a través de un operador privado. Y una de las consecuencias más preocupantes es que alrededor de medio millón de familias recibe avisos de corte de agua cada año, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua.

Valladolid, una ciudad de 300.000 habitantes capital de la región de Castilla y León, ha dado el primer paso importante hace unas semanas. El gobierno local anunció que la ciudad recuperará el control público de la gestión del agua, veinte años después de la privatización de Aguas de Valladolid, cuando termine el contrato en Julio de 2017. Aguas de Valladolid forma parte en este momento del grupo AGBAR-Suez.