11 de agosto de 2016

Hace tan solo un año estábamos discutiendo aún sobre la resistencia en España contra la última ola de privatización de servicios de agua, como resultado de políticas de austeridad y deuda, aliñadas con múltiples casos de corrupción.

Pero tras las elecciones municipales y autonómicas del año pasado la tendencia se está invirtiendo. Como reacción a una larga crisis, los ataques a los servicios públicos y la corrupción en los partidos políticos tradicionales, muchos movimientos ciudadanos se organizaron para participar en las elecciones. Con mucho éxito en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Ferrol, Santiago, Cádiz, Coruña y Valencia, entre otras.

Uno de los principales logros de estos movimientos ha sido introducir en el debate publico el modelo de gestión de los servicios públicos, como el agua. A finales de 2015, el 57 por ciento de la población española recibía el agua a través de un operador privado. Y una de las consecuencias más preocupantes es que alrededor de medio millón de familias recibe avisos de corte de agua cada año, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua.

Valladolid, una ciudad de 300.000 habitantes capital de la región de Castilla y León, ha dado el primer paso importante hace unas semanas. El gobierno local anunció que la ciudad recuperará el control público de la gestión del agua, veinte años después de la privatización de Aguas de Valladolid, cuando termine el contrato en Julio de 2017. Aguas de Valladolid forma parte en este momento del grupo AGBAR-Suez.

La UE busca la forma que la minera enfrente el aluvión de sanciones y sentencias judiciales que no ha cumplido.

La Comisión Europea se dirige al Tribunal de Luxemburgo para instar el cierre de Iberpotash por el incumplimiento de varias sentencias judiciales, que condenan a la empresa por daños al medio ambiente y por ayudas públicas de la administración.

La Generalitat de Catalunya, en tanto que Administración tutelar, sería la encargada de comunicar el cierre de la empresa minera, si llegado el caso el Tribunal de Luxemburgo emitiera una sentencia firme al respecto. La principal causa que ha desencadenado la acción de la Comisión es la salinización del Llobregat, origen del agua de boca que suministra en Barcelona la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL).

La salinización de las aguas y la privatización fantasma de ATLL llevaron al abandono de la vida política al ex consejero Lluís Recoder tras años de presiones por parte del Ejecutivo y de su partido, la antigua CDC. La clave del malestar de Recoder fue la acusación de trato de favor y ayudas públicas a una empresa amiga, en plena bronca del 3%.

La normativa europea sobre ayudas de Estado en materia de medio ambiente permite a los gobiernos europeos apoyar proyectos destinados a incentivar el cambio de comportamiento de las empresas, y a mejorar su huella ecológica. No se permiten, en cambio, ayudas destinadas a cubrir los costes del cumplimiento de normas medioambientales obligatorias. Tampoco permite eximir a las empresas de las reglas más básicas con sus obligaciones ambientales.

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Bruselas, 2 de febrero 2016

EL EBRO

El Ebro es el tercer río mas largo en la región Mediterránea, después del Ródano y el Nilo, pasando a través de 9 Comunidades Autónomas antes de desembocar en el Mar Mediterráneo donde forma su delta (Cataluña).

El delta del Ebro es una de las zonas húmedas más grandes que quedan en Europa. El área deltaica de alrededor de 8000 Ha. ha sido declarada como Parque Nacional, reconocido como Zona de Espacial Protección de las Aves (ZEPA- 79/409/CEE), Lugar de Interés Comunitario (LIC - 85/337/EEC) y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

EL PROBLEMA

El consumo intensivo de agua a lo largo de la Cuenca del Ebro pone el río bajo fuerte presión y afecta su funcionalidad ecológica. En particular, el Delta es la parte más vulnerable del rio, alterado por la drástica reducción de los caudales líquidos (agua) y sólidos (sedimentos) que provoca la subsidencia de toda el área deltaica, que actualmente desciende al ritmo de 0,3 cm al año. Las proyecciones climáticas dicen claramente que este fenómeno, junto con el aumento del nivel del mar, causará la desaparición del 80% del territorio en el próximo siglo.

Qué es el mapa del Agua en Cataluña?

El mapa del Agua en Cataluña es una iniciativa que trata de acercar la realidad de la gestión del agua y sus repercusiones en Cataluña. Los datos reflejados en las diferentes capas del mapa están en constante actualización mediante los datos (a menudo insuficientes) que los organismos públicos ofrecen, así como los que podemos conseguir a través de la colaboración ciudadana. Agua en Cataluña pretende covertirse en una fotografía en streaming del estado actual de la gestión del agua, su calidad, transparencia de datos y, en último término, un recopilatorio de toda la información que tendría que ser de acceso público.

INTRODUCCIÓN

Los días 23 y 27 de abril miembros de la Plataforma contra la Privatización del CYII participaron en sendas reuniones con la dirección de Madrid de Podemos durante las cuales se presentó la iniciativa de este partido relativa a la creación de un Banco de Agua en la Comunidad de Madrid. Esta propuesta se inscribe en un punto programático general a nivel del Estado por el que se reivindica el desarrollo de una banca pública a escala autonómica y se considera como un eje estratégico del programa de Podemos para las elecciones autonómicas de mayo. En la primera reunión solo estuvieron presentes miembros de la Plataforma y Podemos, mientras que la segunda fue más amplia y participaron personas de la sección sindical de CC OO de Canal de Isabel II Gestión SA, Attac y otras organizaciones, como también de Ahora Madrid.

La finalidad de ambas reuniones fue dar a conocer la iniciativa del Banco del Agua y recabar la opinión de los asistentes respecto a la misma. En ningún momento se aportaron documentos escritos, por lo que las consideraciones que se hacen a continuación, se basan en la información verbal recibida en ambas reuniones, complementada con noticias de prensa, la que se aportó el pasado 30 de abril durante su presentación pública en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y, finalmente, en la que a partir del 6 de mayo aparece en la página web de Podemos Madrid ^[1].

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) reconoce que en España un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año. AEAS extrae esta cifra tras extrapolar una encuesta entre 100.000 contadores de hogar. Según la patronal, en esos 100.000 contadores hubo 5.128 avisos de cortes de agua y finalmente se ejecutaron 180.

Si estas cifras fuesen correctas, supondrían el doble de las que calculan las organizaciones que defienden el agua como un derecho humano. Este mismo año lanzaron una campaña en la que alertaban de que medio millón de hogares no podían pagar la factura en España. De hecho, siguiendo la lógica de las cifras de AEAS, cada año 50.000 hogares no podrían evitar el corte previo de abastecimiento de agua, lo que supondría que 3.500 familias se quedarían sin acceso al agua potable cada mes.

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La sociedad anónima se endeuda, el servicio público se debilita, mientras los accionistas aumentan sus dividendos.

En los meses de julio y agosto, algunos medios han recogido los sondeos que estaba realizando la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión (en adelante Canal Gestión S.A.) para acudir al mercado de la deuda, a través de la emisión de bonos, sin que se conozcan las causas ni los objetivos de la financiación. A primeros de septiembre, 5 Días, daba la noticia de que tanto en Aguas de Barcelona (Agbar), como en Canal Gestión, el proceso de emisión de deuda estaba muy avanzado En el caso del Canal se había contratado para ello al Banco de Santander, BBVA, Societé General, Caixa Bank y el británico HSBC. La publicación comentaba la utilización de esta vía de financiación, como forma de rebajar la dependencia de la financiación bancaria. Una vez más Canal Gestión está realizando una operación de gran envergadura, que puede incidir negativamente en el futuro de la sociedad, con total opacidad y sin conocimiento de la Asamblea de Madrid, ni por supuesto de los ciudadanos.

Ante esta situación conviene analizar si la situación actual de Canal Gestión S.A. requiere la búsqueda de financiación externa, cuando la cifra de negocios se ha incrementado en los años 2012 y 2013 en un 3,7% (la sociedad anónima se constituyó en julio de 2012) y los resultados (beneficios) después de impuestos han crecido un 43,2%. De los beneficios obtenidos en este periodo, 368,9 millones de euros, se han repartido como dividendos entre los accionistas 280,0 millones de euros, el 84% del total. Esto quiere decir, que independientemente de que los accionistas sean en la actualidad públicos, se ha detraído un porcentaje muy alto de los beneficios de Canal Gestión para fines ajenos al ciclo integral del agua y a la propia sostenibilidad de la sociedad. ¿Cómo es posible que se estén dando dividendos multimillonarios, cuando por otro lado se busca financiación para la propia sociedad anónima?

El viernes pasado se presentó en Murcia la Iniciativa Agua 2015 y su Pacto Social por el Agua Pública, surgido en el seno de movimientos sociales y de organizaciones vecinales, de consumidores, ecologistas, científicas y operadores públicos, entre otros. El objetivo del Pacto Social por el Agua Pública es extender a toda España su denuncia del modelo de gestión privada del agua en los municipios, señalar los perjuicios que está ocasionando a los ciudadanos y hacer un llamamiento a los partidos políticos y plataformas ciudadanas para que incorporen las peticiones del pacto a sus programas electorales de cara a las próximas elecciones municipales. Con ello pretenden que se produzca “el cambio a un modelo cien por cien público de los servicios básicos de competencia municipal que garantice una calidad de vida digna para todos”, poniendo el acento en el agua como derecho humano y bien esencial para la vida.

El Pacto Social por el Agua Pública ha tenido su primera presentación oficial del país en Murcia, como colofón a una Jornada que llevó por título “Remunicipalización: El retorno de los servicios básicos a manos públicas. Hacia un pacto por el agua pública y transparente”. El acto se celebró en el campus de la Merced de la Universidad de Murcia, y entre los numerosos asistentes estuvieron los representantes de la plataforma por el agua pública de Alcázar de San Juan, y miembros de diversos movimientos sociales y partidos políticos de la Región de Murcia.

Leer más en el blog de eldiaro.es dedicado a la Región de Murcia.

Hasta hace poco la UE podía presumir de potencia ambiental. Sin entrar a valorar su comportamiento ambiental como actor en la economía global -lo que bastaría para derrumbar este argumento-, ciertamente de puertas adentro Europa se había dotado de unas normas ambientales bastante avanzadas en algunos campos. Ahí están la red Natura 2000 (la mayor red de espacios protegidos del mundo) o el Reglamento REACH de autorización de sustancias químicas, por poner un par de ejemplos. Sin embargo esta “burbuja ambiental” lleva unos años dejando de serlo y la tendencia se acentuará con la nueva Comisión de Juncker.

La nueva estructura propuesta por el luxemburgués, no parece fruto de la improvisación, sino de un plan para estrangular las políticas ambientales y climáticas. Al fusionar Medio Ambiente y Asuntos Pesqueros y Marítimos y otorgarle la cartera a un Estado tan pequeño como Malta, Juncker hace toda una declaración de intenciones. Y lo mismo ocurre al fusionar Acción Climática con Energía y otorgarle la cartera a un perfil claramente antiambiental como el de Miguel Arias Cañete. En nuestro país ya sabemos lo que pasa cuando se mezclan los temas ambientales con otros departamentos de peso como agricultura o pesca. Los primeros quedan subyugados y pasan a segunda división.

El suministro público de agua potable a domicilio es un bien esencial y básico para una vida digna, por lo que no debería ser objeto de negocio por parte de los mercaderes del agua. En España, el servicio municipal de este bien básico está cayendo bajo el control de unas pocas empresas que, abusando de su singular interpretación del actual marco jurídico, y apoyándose en la intencionada falta de control público, así como el desconocimiento ciudadano de sus derechos, se han lanzado a saquear los bolsillos de los usuarios.

El abastecimiento domiciliario del agua potable es un derecho en España. La Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece en su artículo 26 su prestación obligatoria en todos los municipios, y en el 86.3 su carácter esencial, estableciendo la reserva obligatoria a favor de las entidades locales y su prestación en régimen de monopolio, respetando una tradición municipalista y su carácter público. También lo fueron los suministros de energía eléctrica y gas.

Sin embargo, desde la promulgación en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua europea, que obliga desde 2010 a recuperar la totalidad de los costes de los servicios, mucho ha cambiado en España, pasando de un 63% de gestión pública en 1996 a un 60% en manos privadas actualmente.

Comunicado de la plataforma Aigua es vida

9 de julio de 2014.

Pedimos a todas las fuerzas políticas del Arco Parlamentario que mañana no otorguen un cheque en blanco al gobierno neoliberal de CiU

Mañana el Parlamento de Cataluña tiene encima la mesa la votación de un Decreto Ley sobre el Canon del agua que básicamente nos explica que se hará un Convenio entre la Agencia Catalana del agua (ACA) y el área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el que el ACA cederá los recursos provenientes del canon del agua a la AMB durante un periodo máximo de 30 años y a cambio, ésta hará un pago único como compensación. Un convenio secreto del que podemos extraer algunos elementos:

El agua es el bien básico más preciado, vital para la vida por encima de cualquier otro bien. Su gestión y distribución siempre ha estado garantizada por la administración pública pero en los últimos años las empresas privadas están entrando en su gestión.

El 50 % del agua de España lo gestionan empresas privadas, casi de forma exclusiva por dos compañías: Aguas de Barcelona (Agbar) y Aqualia dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

La empresa paga altas cantidades de dinero a cambo de la concesión a los ayuntamientos que acosados por la crisis económica no duda en ceder la gestión de este bien sin consultar con los vecinos que son los primeros en pagar una tarifa más alta por el agua.

Muchos municipios se han puesto en pie de guerra por la gestión del agua no sólo en España sino en toda Europa.

El Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha anulado todo el proceso de adjudicación del 52% de la empresa pública Aguas de Alcázar a la privada Aqualia así como el pliego de condiciones por el que concursaron las empresas, al considerar que no eran correctos y no garantizaban la concurrencia competitiva. Y esto llega, además, cuando  el pasado 26 de marzo el mismo tribunal ya paralizó la adjudicación y tras  la firma (el día 20) del contrato de venta de Aguas de Alcázar por el que se creaba la empresa mixta Aqualcázar SL.

Esta resolución, que responde al recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista, es ejecutable e invalida todo el procedimiento de adjudicación. "Si el Ayuntamiento quiere seguir adelante tiene que volver al principio. A septiembre del año pasado", explica a eldiario.es la concejal del PSOE, Ana Belén Tejado. Esto significa que debería repetir todo el procedimiento desde la redacción de los pliegos de condiciones, su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la apertura de la licitación, las adjudicaciones provisional y definitiva y la firma del contrato. Aunque también cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. "No creo que lo hagan porque se alargaría mucho en el tiempo y más si quieren ejecutarlo antes de que acabe la legislatura", matiza Tejado.

Los nuevos planes de cuenca, que recuperan el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, apuestan por la construcción de grandes infraestructuras para vender y mover agua

El plan que está sobre la mesa abrirá la gestión de los ríos a los mercados y los intereses privados

Los expertos alertan de que en este contexto podría materializarse un posible Trasvase del Ebro

"Empresa multinacional del sector medio ambiente busca incorporar a un/a responsable de mercado de comunidad de regantes. Su misión consistirá en impulsar y desarrollar el mercado de regadío". Se venden ríos, se vende agua y hacen falta intermediarios. Ofertas de empleo como ésta modifican el futuro curso y caudal de los ríos de la península. Los planes del Gobierno, articulados en los nuevos planes de cuenca como el del Ebro, esbozan un nuevo mapa hídrico.

Los vecinos de Alcazar de San Juan, han pasado encerrados en el Ayuntamiento 72 horas para exigir la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la privatización del agua.  Una propuesta que llegaba avalada por 11.000 firmas, en un municipio de 32.000 habitantes. La respuesta del Ayuntamiento al clamor ha sido rechazar la propuesta y adjudicar provisionalmente Aguas de Alcázar a Aqualia, empresa perteneciente al grupo FCC (Fomento de Construcciones y Contratas) por 25 años.

A pesar de la decisión del Ayuntamiento, que se declaró a favor de la privatización gracias al voto de calidad del alcalde, que desempataba 10 votos en contra y 10 votos a favor, la población de Alcázar volvía a salir en manifestación la tarde del viernes. Más de 5.000 personas recorriendo las calles al grito de "Sí se puede", "Si tú también te duchas, únete a la lucha", "El agua no se vende, el agua se defiende" u "Ortega dimisión" terminando en la sede de Aqualia, con la lectura de un comunicado improvisado en el que se dijo que 'Lo más importante en este proceso no son las respuestas que recibimos, sino las preguntas que hacemos', aclarando que la movilización continuaría.

El Ayuntamiento de Manacor (Mallorca) no acababa de decidirse. A pesar de la falta de mantenimiento en la red de suministro, de la subida de tarifas, del problema con los altos niveles de nitratos detectados —se recomendó a los bebés y embarazadas no bebieran agua del grifo—, no acababan de asumir la gestión del abastecimiento del agua. Y eso que la remunicipalización del servicio estaba en la agenda política desde 1997, cuando el grupo de Esquerra Unida hizo su primera petición. El paso se dio, finalmente, el pasado noviembre, cuando el Consistorio ejecutó el rescate en detrimento de Aguas de Manacor, la empresa privada que se había encargado del negocio en los últimos 27 años.

El caso del municipio mallorquín no es único. Arteixo (A Coruña) tomó la misma decisión en julio pasado. La Línea de la Concepción (Cádiz), en septiembre. Y tres pequeñas pedanías de Jerez (Guadalcacín, Estella y Torrecera) se han sumado recientemente. Pero la desprivatización del agua es todavía una excepción en España, donde el 50% del abastecimiento continúa en manos privadas. En Europa, ese porcentaje se reduce al 30%. En el mundo, hasta un 10%.

Quim Pérez, de la plataforma ciudadana Aigua és vida, denuncia las consecuencias sociales de la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat

Desde Aigua és vida están denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ahora gestionada por Acciona. ¿En qué situación se encuentra todo este proceso después de los recursos de Agbar y del organismo regulador de la Generalitat?

No hay nada parado. El proceso de privatización continúa. La ley ómnibus abrió la puerta a la privatización del agua. Se inicia un concurso con la excusa que hay un déficit. Y se presentan Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar). La Agencia Catalana del Agua ya se creó con un déficit inicial de 500 millones. Durante los gobiernos de CiU creció a 800, el tripartito lo incrementó a 1300 millones de euros, pero en su favor hay que decir que, al menos, realizaron tareas de mantenimiento en las infraestructuras de la red, cosa que no se había hecho en los años anteriores.

• El Partido Popular cambia las reglas del juego en materia de agua por la puerta de atrás, sin debate ni participación pública
• El PP modifica el Plan Hidrológico Nacional en el trámite de enmiendas de la Ley de Evaluación Ambiental, y se puede aprobar en una semana
• Los cambios realizados permitirían, por ejemplo, autorizar un trasvase desde el Ebro sin ningún acto legislativo adicional

En base al Memorándum firmado entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las regiones de Murcia y Valencia relativo al trasvase Tajo-Segura, un grupo de expertos vinculados a las regiones del Segura, y conocidos por su férrea defensa de los trasvases a esta cuenca, ha elaborado en secreto y con total opacidad, la modificación no solo del régimen legal del trasvase Tajo-Segura, sino también de la Ley de Aguas y del Plan Hidrológico Nacional, en varias disposiciones introducidas sorpresivamente en octubre de 2013 en el trámite de enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental en el Congreso, que dan un giro radical no sólo a la regulación del trasvase Tajo-Segura, sino también a la política de aguas en este país. Todo ello sin absolutamente ningún debate ni información pública, y eludiendo cualquier participación de importantes Comunidades Autónomas que podrán verse afectadas por esta regulación, como Aragón, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, etc.

El Grupo Leche Pascual pretende embotellar el agua que abastece a cuatro municipios de la sierra de Ávila. Pascual, gracias a la Ley de Minas, que sigue intacta desde la época franquista, se quiere hacer con varios manantiales públicos para explotación privada. Esta empresa ha hecho una petición a la Junta de Castilla y León para que declare el agua de la zona conocida como Las Presas, donde nace el río Corneja, afluente del Tormes, como mineral.

Si la Consejería de Sanidad da el visto bueno en los análisis de esa agua y declara que tiene propiedades minerales, la multinacional española podrá quedarse con los manantiales que abastecen directamente a San Martín de la Vega del Alberche, Navacepedilla de Corne­ja, Vi­lla­franca de la Sierra y Navaescurial, y de forma indirecta a más de diez municipios de la comarca.

Propuesta de nuevo modelo de gestión del servicio de aguas en la comunidad de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II impulsará, en el marco de la Campaña por la Transparencia, un debate sobre el modelo de gestión del Canal, en el que participen el movimiento asociativo, sindicatos, asambleas del 15-M, organizaciones políticas y los ciudadanos en general, a fin de consensuar un modelo alternativo, que podamos defender entre todos ante el Gobierno actual del PP o ante futuros gobiernos.