Bruselas, 24 de marzo de 2020

Las medidas tomadas en Europa para controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus están produciendo un estado de excepción donde la población está sujeta a multitud de prohibiciones y prescripciones. Debemos permanecer en casa y aplicar estrictas recomendaciones higiénicas, lo que implica garantizar el acceso al agua y al saneamiento. Sin embargo, a pesar de la situación de emergencia, aún no hemos leído ninguna declaración de las instituciones europeas sobre la medida sanitaria e higiénica básica: el acceso al agua y al saneamiento para todas y todos.

Si algunos países europeos y regiones han decidido suspender los cortes de agua es porque existe el riesgo de que los operadores de agua apliquen estos cortes incluso en situaciones de emergencia. Por ejemplo, a familias sin ingresos, asentamientos, población gitana o campamentos de personas migrantes.

La Resolución 64/292 de la Asamblea General de la ONU (28 de julio de 2010) reconoce “el derecho a un agua segura y limpia y a saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Diez años después, cada Estado debe garantizar esta obligación para alcanzar el derecho humano al agua y al saneamiento (DHAS) al nivel mínimo para garantizar la dignidad vital.

Pero se ha hecho muy poco para garantizar el DHAS en Europa. Para que fuese incluido en la legislación se recogieron 1.884.790 firmas en la primera Iniciativa Ciudadana Europea. Hoy en día, un millón de personas no tienen acceso al agua y 8 millones no cuentan con saneamiento en Europa. Es hora de actuar.

Como reclama la ciudadanía europea e indica la normativa que desarrolla el DHAS, los cortes de agua constituyen una violación de este derecho humano, aún más peligrosa para la salud pública en el contexto actual.

Por lo tanto, reclamamos a los gobiernos nacionales y a las instituciones europeas que garanticen el derecho humano al agua y al saneamiento para todos y todas. Esto implica la adopción de varias medidas:

• Prohibición total de los cortes de agua
• Suspensión de las facturas del agua y saneamiento
• Atención especial a situaciones de emergencia como el abastecimiento no regulado en campamentos y asentamientos de personas migrantes
• Garantizar los derechos laborales y las condiciones de higiene para las personas trabajadoras de los sectores del agua y el saneamiento
• El coste de estas medidas no puede ser acarreado por la ciudadanía. Debe ser asumido por las empresas de agua y saneamiento

Todas estas medidas deben ser garantizadas mediante regulación obligatoria.

Estas disposiciones responden a una situación de emergencia, pero este es también el momento para una mejora sistémica de la normativa pertinente, incluyendo estas medidas en las directivas sobre agua (en particular en la Directiva de Agua Potable y en la Directiva Marco del Agua) y la introducción del derecho humano al agua reconocido por la ONU. El abastecimiento de agua potable y la gestión de los recursos hídricos deben estar, consecuentemente, excluidos de liberalización y acuerdos comerciales.

La implementación efectiva del derecho humano al agua y al saneamiento es un requisito esencial de la democracia, pero es también una herramienta potente y beneficiosa para la salud y el bienestar de la población, la protección del medio ambiente y, por último, de la economía.

Si no es ahora, ¿cuándo?

European Water Movement

Contactos

Lucio Gentili - gentili.lucio (at) yahoo.it
Dante Maschio - dante.maschio (at) esf-cat.org

La Red Agua Pública (RAP) reivindica la necesidad de asumir la emergencia climática y la determinación de avanzar en la lucha contra el cambio climático. La RAP se reafirma en la exigencia de implementar modelos de gestión públicos, democráticos, transparentes y sostenibles del ciclo integral urbano del agua.

El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el día mundial del agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua a través de temas relevantes; en 2020 se ha elegido incidir en las relaciones entre el cambio climático y el agua, atendiendo a que tanto los impactos como las políticas de adaptación al cambio climático inciden y se relacionan directamente con el agua.

Existe un amplio consenso social y científico en que los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos supondrán modificaciones sustanciales en la disponibilidad, calidad y cantidad de agua para los ecosistemas acuáticos y las necesidades humanas básicas, amenazando el disfrute efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En este sentido, la soberanía alimentaria, la salud humana, los asentamientos urbanos y rurales, la producción de energía, el desarrollo industrial y económico, el empleo y los ecosistemas dependen del agua y, por lo tanto, son vulnerables a los impactos del cambio climático.

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23 de marzo de 2020

Comunicado #MedidasDeEmergencia

Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el «real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19» se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora. Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social. El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.

A continuación, resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:

Leer más en el sitio web del Plan de Choque Social

Roma, 9 de marzo de 2020

Es evidente que las medidas adoptadas por el gobierno para contener la epidemia del Coronavirus generan un estado de excepción y una suspensión sustancial de la democracia.

No queremos entrar en un razonamiento sobre la conveniencia o necesidad de estas medidas, sino que queremos poner de relieve una contradicción que podría tener graves repercusiones sociales y sanitarias.

En una situación en la que los ciudadanos se ven literalmente ahogados por las prohibiciones y las prescripciones, y en un contexto de esfuerzo colectivo e individual para mitigar el riesgo de contagio, no vemos ninguna disposición elemental en materia de sanidad e higiene: el acceso al agua para todas y todos.

En toda Italia, las administraciones de los servicios de agua están aplicando, con distintos matices, cortes de agua en caso de fraude u otras irregularidades como las identificadas por el tristemente famoso artículo 5 del Decreto Lupi, que niega el acceso a los servicios públicos esenciales, incluida el agua, a quienes se ven obligados a ocupar una vivienda para alojarse.

Se trata de una violación de un derecho humano que resulta aún más odiosa y peligrosa para la salud pública en el contexto actual, en el que la primera medida recordada por todos es precisamente la higiene.

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